La jueza Diovanet Olivera dio lugar al pedido del fiscal Rodríguez, quien aludió al peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, fueron imputados por estafa tras la primera audiencia de formalización de la causa de Conexión Ganadera, empresa en la que fueron los principales socios.
La jueza Diovanet Olivera dio lugar al pedido de formalización de la investigación de la Fiscalía General de la Nación y dispuso que Carrasco fuera imputado por un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión de transferencia en calidad de autor.
En tanto, las esposas de Carrasco y Basso fueron imputadas por un delito continuado de estafa en calidad de autoras.
En virtud de esto, además del embargo de varios de los bienes de los imputados, el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva efectiva para Carrasco hasta el 10 de febrero de 2026, dada la magnitud del delito de lavado de activos
Para Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, el fiscal solicitó prisión domiciliaria preventiva, con tobillera electrónica.
Ambas solicitudes fueron atendidas por la jueza Olivera, por lo que Pablo Carrasco irá a prisión preventiva y las mujeres a domiciliaria.
En el caso de Carrasco, Rodríguez aludió para argumentar la prisión el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Las defensas de los imputados consintieron la resolución judicial en referencia a la imputación, pese a que, en una primera instancia, los abogados de Cabral habían mostrado una postura contraria. Con respecto a las medidas de prisión preventiva, luego de una larga argumentación, que incluyó referencias al exfiscal de Corte y prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el abogado Jorge Barrera no se opuso al pedido del fiscal para sus dos defendidos: Carrasco e Iewdiukow.
En contraste, los abogados de Cabral sí argumentaron en contra de que su clienta tuviera prisión domiciliaria.
Por su parte, los abogados defensores de los alrededor de cuatro mil damnificados se habían manifestado en contra de que la imputación se limite al delito de estafa.
“Hay elementos objetivos para ir por otras figuras delictivas y no solo por estafa”, había planteado Ignacio Durán. Considera que “ha quedado claro que solo con estos tres imputados el esquema no funcionaba: hay muchas más personas involucradas que deben ser formalizadas”.
Además, adelantó que, a su entender, también deberían ser imputados por “apropiación indebida y lavado de activos”.
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