Cuando la ciudanía elige sus gobernantes, da una carta de crédito a los mismos, para que los próximos cinco años de gobierno se realice una gestión eficiente de los recursos, se mejoren básicamente los servicios y se desarrollen obras que vayan en mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Básicamente estas tres tareas son las fundamentales, más allá que existen otras, importantes también, como el desarrollo económico del departamento, la atención en lo social, a la cultura, el deporte y al ambiente, pero estas tres primeras que nombramos, son las que históricamente demandan los vecinos.
Para realizar estas tareas es necesario contar con un presupuesto acorde a estas necesidades, que distribuya los recursos departamentales y nacionales de tal forma que se cumplan los objetivos. La eficiencia de gestionar los recursos implica no solo el control del gasto, sino también la optimización de los ingresos y en ese sentido es necesario tener cabal conocimiento de la administración financiera de la Intendencia, para una mejor planificación.
El presupuesto anual de la Intendencia es de uno U$S 83.500.000 anuales, que comprende gasto e inversión. Pero vamos a realizar una apreciación no menor que limita mucho la asignación de recursos: En el año 2015, se heredo una deuda de $ 881.766.821, que a valores reales hoy serían $ 1.604.000.000, llevados a dólares unos U$S 38.200.000, lo que equivale al 46 % del presupuesto anual actual. Recordamos que se tomo una Intendencia en el 2015, prácticamente fundida, con deudas de meses con funcionarios, proveedores y servicios del estado y que para resolver esta situación, antes que asumiera el intendente Andrés Lima en el periodo 2015-2020, la Junta Departamental, en acuerdo entre los tres partidos, voto de forma unánime la autorización de contraer deuda mediante la modalidad de fideicomiso, por hasta 330.000.000 U.I., lo que a ese momento equivalía a $ 1.200.000.000 y que a valores de hoy son $ 2.182.780.923.
De ese instrumento financiero se distribuyó en el Fideicomiso Salto VII, por U.I. 98.525.108, qué se destinó a pagar deudas con los funcionarios (sueldos de mayo, aguinaldo, salario vacacional, horas extras, retenciones judiciales, etc.), en el BROU (créditos sociales retenidos, pero no pagos a la institución), sueldos de junio, julio y agosto. Luego el Fideicomiso Salto Arapey, por U.I. 60.221.137, destinado a pagar a FIDUNION, recisión de PERWIL S.A., Banco Santander, UTE y otras deudas a entidades privadas. Y por ultimo se contrajo el Fideicomiso Daymán, que cancelo los dos anteriores y dejo un remanente, de los cuales U.I. 26.317.295 fueron a cancelar deuda en el BROU, U.I. 68077.575 fue para cancelar las deudas con los distintos proveedores de la Intendencia y U.I. 76.858.885 se destino a la compra de maquinaria, flota liviana, ómnibus y herramientas, necesarias ante la situación que se encontraba la Intendencia.
Para salir de esa crisis dejada a fines del 2015, fue necesario de cierta forma dejar limitada las finanzas de la Intendencia por 15 años, lo que implica ajustes de gastos, que por el volumen de esta deuda, la mayoría de estos ajustes recae en la renuncia a realizar inversiones necesarias para el departamento. La cuota de U.I. 39.000.000 que equivale al valor de la unidad indexada actual a unos $ 242.000.000 (equivalente a casi el presupuesto mensual de la Intendencia), representa en inversiones dejar de hacer 480 cuadras de riego asfaltico o 110 cuadras de calles de hormigón o comprar 9.600 contenedores de basura o colocar 19.200 luminarias led (casi el total del parque lumínico del departamento) o reparar y mantener cerca de 7.000 kms de caminos rurales.
Sin dudas este es un costo muy alto que todos los salteños estamos obligados a pagar, producto de una mala gestión en el periodo 201-2015, donde gobernaba el Partido Colorado (German Coutinho), junto a sus socios blancos (Albisu, Minutti, Varela y otros) y Partido Independiente; durante 15 años, en forma anual, el equivalente a un mes del presupuesto de la Intendencia, a buen entendedor, se recauda por 12 meses, pero se gasta un equivalente de 13.
Quienes asumamos el próximo periodo, deberemos analizar las posibilidades de reestructurar esta deuda, ya sea dentro del propio Fideicomiso Daymán o través de otro instrumento que se genere. Muchas veces se le achaca a la administración de no hacer obras, pero hay que saber el porqué de las cosas.
Téc. Univ. Gustavo Chiriff / Frente Amplio
