En el marco de la discusión en torno a la ley de urgente consideración (LUC), muchas veces surgen desde tiendas oficialistas afirmaciones categóricas que pueden lograr un efecto discursivo favorable a sus intereses, si nos quedáramos con esa primera impresión. Pero la LUC es mucho más que efectos e impresiones marquetineras, contiene aspectos muy complejos y las cosas complejas no se explican en una frase. Generar las condiciones para que los ciudadanos uruguayos puedan tomar una decisión fundamentada el 27 de marzo próximo exigiría, por lo menos para nosotros, trabajar efectivamente sobre el texto cuestionado y manejar en profundidad los conceptos manejados. Y obviamente supone una discusión honesta, de argumentos y sin mentiras.
Como ejemplo concreto de lo anterior, traemos hoy el tema de la educación y en particular lo que refiere a su “privatización” y si la LUC genera o no condiciones para ello. Un spot publicitario de FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) dio pie a que salieran varios dirigentes políticos de derecha a denunciar que FENAPES mentía, esta afirmación tuvo amplia difusión por los medios de comunicación y logró que muchos periodistas y aún varios dirigentes favorables a la derogación, asumieran que es un error hacer dicha afirmación. “En ningún artículo de la LUC se dice que se privatiza la educación, es un disparate afirmar eso, miente FENAPES, etc., etc.” Muy contundente, y parecía un punto a favor de los defensores de mantener la ley. Pero: ¿Qué tal si analizamos un poco más detenidamente el tema? ¿Si recurrimos a los que lo han estudiado e investigado? ¿Qué quiere decir hoy, privatizar? Porque sin dudas, conceptos como este, y tantos otros, no tienen por qué ser estáticos y permanecer inmutables en el tiempo.
El concepto o definición clásica de privatización refiere a la venta o enajenación de activos y servicios públicos, eso está claro. También está claro que esto genera muchas veces amplios rechazos populares y movimientos en defensa de lo público, particularmente de empresas que juegan un rol social muy importante. Ahora, la “Educación Pública”, en muchas partes, pero singularmente en nuestro país, cuenta con un respaldo formidable. Porque están muy arraigados en nuestro pueblo los “principios varelianos” y por tanto tienen mucho que ver con nuestra identidad, pero además porque está muy claro para la mayoría de nosotros que la educación es un derecho humano fundamental y nunca, nunca, debe ser una mercancía. Entonces, los partidarios de que el “mercado” debe resolver todo y que la desigualdad social es un hecho natural y que está bien que existan ganadores y perdedores (“siempre fue así y debe ser así” afirman), buscaron otros caminos para obtener los mismos objetivos. Aparecen así los mecanismos legales y organizacionales que apuntan a introducir las lógicas del mercado en la educación pública. Aparentemente no se privatiza, pero todo lleva a que la “educación pública” funcione con las reglas del “gran dios mercado” (si, ese que por sí solo y si se lo deja funcionar va a resolver todos nuestros problemas de empleo, pobreza, vivienda, salud, educación, etc.)
Pero: ¿Dónde aparece esta lógica en la LUC? En eliminar la palabra “pública” al lado de “educación”. En eliminar la “obligatoriedad” de los padres, o responsables, de inscribir a sus hijos en un centro educativo (fomentando así, como está en auge en muchas partes del mundo, la millonaria industria del estudio en casa). Quitando de la ley la prohibición de “alentar su mercantilización”. Eliminando los Consejos que dirigen Primaria, Secundaria y UTU en forma colectiva y con participación docente, sustituyéndolos por “Dirección General de…” a imagen y semejanza de una gerencia en la actividad privada. Resolviendo que el sistema de becas en formación docente sea solo aplicable hoy, por la vía de los hechos, para las universidades privadas. Obligando a competir a los distintos organismos públicos por el reconocimiento del carácter universitario de sus egresados en formación docente (eliminando así la existencia de una universidad pública en formación docente). Incorporando a privados en organismos coordinadores de educación y a su vez disminuyendo la participación de la universidad pública. Creando diferentes estatutos docentes generando así para ellos, precarización laboral, inequidad salarial y dependencia del director del centro en cuanto a mantener o no su trabajo, con la pérdida obviamente de la libertad de cátedra. El trabajo de un profesional de la educación, puede ahora depender de la nada profesional adhesión a una metodología educativa.
Amables lectores de esta modesta columna, estos son algunos aspectos en materia educativa que consideramos imprescindibles discutir para decidir hacia dónde queremos orientar el rumbo de nuestro país y el futuro de nuestros “hijos y nietos”. Cada vez más convencidos de la necesidad de un triunfo del SI el 27 de marzo, nos despedimos hasta la próxima.
