En las últimas semanas asistimos a una discusión calificable de insólita. Actores y emisarios del gobierno nacional responsabilizando a la Intendencia por la falta de progreso del Plan Avanzar en Salto, que pretende realojar a quienes viven en los asentamientos “La Amarilla” y “Nueva Esperanza”.
Según el Gobierno “El “Plan Avanzar” es un programa de erradicación de asentamientos impulsado por la labor conjunta de Mevir y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu)”. No necesitaría de las Intendencias para cumplir con su cometido.
Todas las personas necesitan un lugar donde vivir y por ello la Constitución de la República consagra como un derecho fundamental de todo habitante el derecho a gozar de una vivienda decorosa. La ley nacional de vivienda va más a fondo y habla de vivienda adecuada, estableciendo algunas características de cómo debería ser. Como decía Carlos Vaz Ferreira, “el derecho de habitar cada individuo en su planeta y en su nación, sin precio ni permiso, es el mínimo de derecho humano”.
Pero el problema de los asentamientos no se reduce a la vivienda como espacio físico. Es mucho más amplio. Tiene que ver con fragmentación social y la exclusión espacial, tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, tanto los de infraestructura dura, como a los denominados “blandos”, como la salud, la educación, el deporte, la recreación. En definitiva tiene que ver con el acceso a los derechos. Henri Lefebvre hablaba de “la ciudad como la proyección de la sociedad en el terreno”; sería como la forma física y material que adquiere una sociedad. Por ello definía el derecho a la ciudad, “como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad en la que vivían”.
Para que este derecho se haga realidad hay que garantizar, entre otros, el acceso a una vivienda decorosa y adecuada en cuanto a cuestiones materiales y de salubridad, pero también respecto a la capacidad de satisfacer adecuadamente las necesidades de sus habitantes, como por ejemplo en espacio, en metros cuadrados. También por su localización, la vinculación con el espacio público y el resto de la ciudad. En nuestras ciudades encontramos todos los cruces posibles, desde viviendas que parecen de buenas condiciones, pero emplazadas en lugares no aptos, hasta soluciones habitacionales inadecuadas en lugares adecuados. La aptitud de los lugares para la radicación de familias tiene que ver con diferentes factores: las posibilidades de inundaciones, la existencia o no de servicios, las distancias del resto de la ciudad para el acceso al trabajo, la educación, la salud, etc.
La excusa para no comenzar con el Plan Avanzar en Salto radicaría en que los predios que la Intendencia ofreció no serían adecuados. No queremos entrar en la discusión de quién tiene razón. Lo concreto es que a casi dos años del lanzamiento con bombos y platillos de este Plan Avanzar los salteños no vemos avances reales en obras.
No nos podemos imaginar la situación de las decenas de personas que viven ahí y que ven como los días pasan y la ilusión generada se va transformando en una nueva frustración.
Para combatir la fragmentación y la marginación hay que seguir trabajando en la erradicación de los asentamientos, pero es fundamental fijar estrategias y trabajar en la prevención. Es preciso controlar que no se generen nuevos asentamientos, que es una de las funciones del rol de policía territorial que tienen las Intendencias, pero también es necesario contar con una cartera de tierras urbanizadas y brindar oportunidades de vivienda digna para todos los uruguayos. Para ello es imprescindible invertir en vivienda, pero también en salud, educación y en la generación de oportunidades de empleo de calidad.
Por los costos que implica en la economía familiar de la gran mayoría de los uruguayos, poder acceder a una vivienda es una necesidad impostergable, que tiene que constituir el objetivo central del diseño e implementación de las políticas públicas. De políticas integrales, que realmente permitan dar solución al problema de manera definitiva. Vimos como en la LUC se pensó en un régimen de arrendamiento sin garantía para sortear el obstáculo que representa esta exigencia y poder concretar un arrendamiento, haciendo posible que accedan a una vivienda, evitando así que terminen habitando en asentamientos, objetivo muy loable, pero completamente ineficiente, pues la realidad demuestra que gran parte de esa población directamente no está en condiciones de solventar un alquiler.
Hay que pensar en soluciones de fondo. Si no lo hacemos, nunca podremos salir de este círculo vicioso.
Un país que tiene al día de hoy uno de cada cinco niños viviendo en condiciones de pobreza nos interpela. Como dijo Wilson: “si no somos capaces de asegurarles una vida digna y decorosa a tres millones de orientales, lo dije antes y lo repito hoy, somos unos criminales”.
