La Cámara de Diputados tiene definida una doble interpelación para tratar el caso CTM Salto Grande. Es una oportunidad para preguntar y proponer. En ese sentido son estas reflexiones.
Se convoca al ministro Bustillo, porque los organismos internacionales se relacionan con el País a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), y porque en lugar de dar respuesta se burla de los uruguayos, y a la Ministra Arbeleche, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es quien maneja las finanzas públicas y no se responsabiliza por el destino de los fondos que van a la CTM.
Este caso, que ha estado en el escenario de la discusión política desde hace bastante tiempo, a partir de algunas denuncias realizadas desde el año 2021 por el Frente Amplio, pero que tuvo una escalada luego de algunos recientes informes en la prensa y fundamentalmente porque una serie de senadores oficialistas se desmarcaron.
La interpelación es la ocasión para que los Ministros contesten las preguntas y den las explicaciones que la gravedad del caso requiere.
Lo primero y de mayor gravedad es la opacidad, la falta de transparencia que este manejo discrecional y sin control tuvo a lo largo del tiempo y que termina afectando no solo a la Delegación Uruguaya en CTM, sino también a la institucionalidad democrática republicana y a la credibilidad en el sistema político uruguayo.
Hablo de manejo discrecional y no de gestión, porque la gestión requiere de otros parámetros, requiere de metas, de objetivos, de líneas de acción, de indicadores, de organizar todos los recursos detrás de ese objetivo y por lo que se va sabiendo acá se trataba de cuestiones clientelares.
Cuestiones clientelares en el ingreso como empleado, muchas veces en cargos creados sin siquiera tener una descripción de tareas en la que se diga que tiene que hacer y que se espera de ese funcionario.
Cuestiones clientelares en las donaciones, las resoluciones (afirmativa o negativa) eran en función de quien o quienes pedían, como dicen en el barrio “según la cara del cliente”.
A las formas se suma la dimensión de la cantidad de ingresos a dedo, superior al 15% de los funcionarios uruguayos que tenía el organismo. Un vecino de Salto decía antes de asumir en otro organismo binacional que se “terminó la dedocracia, funcionarios y asesores ingresarán por concurso”. La realidad quedó lejos.
Lacalle, que designó a Albisu antes de las elecciones departamentales para que desde ese lugar realizara la campaña electoral a la Intendencia de Salto, como un gesto hacia sus socios de coalición, le suelta la mano y lo remueve.
No es suficiente, hay que ir al fondo del asunto, porque ni Albisu hizo todo esto solo ni se soluciona nada si se mantienen las prácticas tal como anuncia el nuevo presidente.
Entre otras cuestiones, tienen que explicar los cambios en el Estatuto del Funcionario que trascendieron, unos que únicamente benefician a estos correligionarios recién ingresados y otros a quienes tienen reservas de cargos o acordaron retiros incentivados (con alguna marcha atrás).
Hay que saber si cuando un Delegado, representante del Estado uruguayo, vota una modificación del Estatuto que lo beneficia personalmente no incurre en un delito de conjunción del interés público con el interés propio.
Preguntar si Bustillo, funcionario de carrera, que tiene el deber de controlar a los delegados porque son subordinados y es el responsable final porque está en juego la soberanía del país, está omiso y no cumple con su rol porque no quiere complicarse con los correligionarios del Presidente o porque la Delegación Uruguaya no le informa y si así fuera saber que hizo el Ministerio para conocer la situación.
Entender si a Arbeleche, que quiere auditar el uso de los fondos de la Universidad de la República, no le importa é o simplemente lo hace por desidia y poco apego.
Y habría que ir hasta el hueso, y si tienen que caer los ministros que así sea, pero sigue siendo insuficiente, porque está claro que se necesita corregir.
Corrección que en primer lugar pasa por la renuncia o remoción de todos los políticos ingresados a dedo.
La ciudadanía necesita y pide esa señal del sistema político.
Defendemos la transparencia e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el ingreso a cumplir funciones en toda dependencia estatal y en los organismos internacionales que Uruguay integra.
Si los cargos fueran necesarios que se hagan llamados abiertos y que cualquier ciudadano pueda presentarse. Sí, usted que está leyendo esto y no tiene militancia partidaria, también.
Es la oportunidad para plantear algunas modificaciones a las condiciones de los Delegados ante este tipo de organismos, como mínimo:
Que sea imperioso que las delegaciones se integren con personas ajenas al partido o coalición gobernante, posibilitar que estén presentes y si la oposición no quiere como pasó en otro momento, incorporar alguna organización social que pueda ejercer el rol de contralor. Un ejemplo: el BPS que tiene en su directorio representantes de jubilados, trabajadores y empresarios.
Que tengan la idoneidad necesaria (técnica y política) y eso es posible solo si cuentan con venia parlamentaria para acceder a tal condición. Venias que deberían ser votadas con curriculum y un plan de gestión, no como un mero trámite burocrático.
Limitar la actividad política de los Delegados e impedir que puedan ser candidatos en las elecciones siguientes, que si lo pretenden, deban renunciar al menos 2 años antes, para evitar el manejo inescrupuloso del organismo en favor de una candidatura. A un Organismo Internacional no se le puede poner controles, pero sí a los Delegados del Gobierno Uruguayo.
Y por último, lo que entiendo es el núcleo de la cuestión y tiene que ver con el financiamiento de la democracia.
Históricamente se financió con el aporte de los propios candidatos, de los militantes, a los que, como en este caso se premia con un sueldo para toda la vida; o de otros, que muchas veces aportan a cuenta de algún favor, pasado o futuro.
En los últimos años, la actividad política se encareció mucho. Los costos de mantener una organización con locales partidarios, movilizaciones, propaganda, etc. son prohibitivos para muchos.
Hoy, con la posibilidad cercana que dinero sucio, por ejemplo del narcotráfico financie campañas electorales, es impostergable transparentar el costo que tiene la actividad política y ser más exigentes desde las leyes y desde su control.
Esos recursos económicos para la política deben tener un tope, debe saberse el origen y deben existir controles efectivos con sanciones a cargo de órganos especializados de la Corte Electoral.
En definitiva, plantear medidas que impidan el ingreso de plata negra en la política y que la actividad política no sea retribuida con cargos de gestión en el Estado donde se requieren saberes específicos.
Seguramente sea necesario financiar la Democracia si queremos consolidarla y no terminar en un narco-estado.
Esperemos que esta interpelación sirva para aclarar y responsabilizar a quienes corresponda, pero además que sirva para mirar para adelante y tomar medidas para corregir lo de Salto Grande, pero también mejorar en calidad democrática.
La Democracia requiere de todos los ciudadanos comprometidos.
Arq. Rogelio Texeira
Director de obras I. de Salto (2005-2010); Delegado uruguayo ante CARU (2015-2020)
