La Prosecretaría de Presidencia y la Asamblea General recibieron el miércoles 24 de marzo el Informe de Diagnóstico sobre el sistema previsional uruguayo, elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) en un proceso de diálogo amplio, participativo y transparente entre expertos designados por el Poder Ejecutivo en consulta con los partidos políticos y las organizaciones sociales y más de 45 organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con expertos nacionales e internacionales y con el apoyo de un grupo interdisciplinario de técnicos de diferentes reparticiones del Estado.
El presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, entregó el informe al Prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, así como a la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Al presentar el Informe de Diagnóstico, en los términos y plazos previstos, la CESS cumple con la primera parte del mandato legal establecido por la Ley de Urgente Consideración. La norma dispuso la creación del grupo de 15 expertos, designados por el gobierno en acuerdo con los partidos políticos y las organizaciones sociales. Desde esta entrega, la comisión cuenta con un plazo de 90 días para elevar sus recomendaciones de reforma del sistema previsional al Poder Ejecutivo y Legislativo.
El Informe de Diagnóstico, aprobado el viernes 19 de marzo por 10 votos en 15, es un análisis integral del sistema previsional uruguayo, es decir, de todos los regímenes previsionales (el régimen general, compuesto por el BPS y el pilar de ahorro individual; las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales, y los servicios de retiros policial y militar), incluyendo sus proyecciones financieras para los próximos años.
También da cuenta de los logros alcanzados en materia de cobertura y suficiencia por parte del sistema de seguridad social uruguayo y presenta los desafíos que enfrenta con respecto a su sostenibilidad e impacto en la solidaridad y justicia entre generaciones.
El documento hace hincapié en los efectos que tendrán en el sistema la evolución demográfica, debido a una profundización del proceso de envejecimiento de la población uruguaya, y los cambios previstos en el mercado de trabajo, a raíz de la creciente incorporación de tecnología en diversos rubros.
En ese sentido, indica que “si bien Uruguay tiene niveles de protección social en la vejez buenos en comparación con otros países de la región, tiene algunas deficiencias y, sobre todo, enfrenta algunos riesgos derivados de cambios que se están produciendo en la población, la tecnología y el mundo del trabajo”.
El informe añade que “a través de la suma de distintos programas se ha logrado que los sectores más vulnerables tengan hoy una protección razonable, pero el país carece todavía de un programa universal e integral de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y el mundo del trabajo”.
Por otro lado, señala que en el país conviven “varios programas de seguridad social insuficientemente integrados y, algunos de ellos, pobremente regulados y supervisados” y esas “debilidades institucionales contribuyen a generar inequidades, rigideces y fallas o lentitud en la detección de problemas y vulnerabilidades de los programas”.
“Uruguay tiene capacidades políticas más que suficientes para encarar una reforma que fortalezca decididamente la institucionalidad de la seguridad social del país, de tal manera de robustecer su sistema de protección social”, afirma el diagnóstico de la CESS.
Asimismo, el documento resalta que la incidencia de la pobreza es diez veces mayor entre los niños que entre los adultos mayores y sostiene que las nuevas realidades “desafían el acuerdo entre generaciones implícito en los programas previsionales”.
En esa línea, se plantea que Uruguay está ante el desafío de utilizar de forma eficaz recursos que son “inevitablemente limitados, para articular propuestas equilibradas, que permitan al país seguir avanzando en un proceso de desarrollo sostenible e integrador”.
