Como ciudadano y como Presidente de la Junta Departamental de Salto, quiero realizar una manifestación a título personal, en el marco de los hechos ocurridos durante la sesión del lunes pasado, en la que se trató y votó un mecanismo de financiamiento departamental.
Lo primero que corresponde afirmar, con absoluta claridad, es mi rechazo total, categórico e inequívoco a toda forma de violencia en la acción política. La violencia (sea física, verbal o simbólica) es incompatible con la democracia, erosiona las instituciones y degrada la convivencia republicana.
Durante esa jornada, la Junta Departamental, que es la casa de la democracia, la casa del Pueblo de Salto, y el ámbito legítimo del debate político, vivió un clima de presión, intimidación, insultos y agravios que resulta intolerable y que afectó el normal ejercicio de la función representativa. Ese tipo de prácticas no pueden ser naturalizadas, avaladas, ni justificadas bajo ningún pretexto.
Resulta especialmente grave que ese clima de violencia haya sido promovido, orquestado, armado, alentado o tolerado por dirigentes políticos (algunos ediles de la oposición – basta ver la convocatoria en redes sociales), y que no se haya verificado un repudio claro, inmediato y contundente por parte de las autoridades partidarias correspondientes frente a esos excesos. En una democracia madura, la violencia debe ser siempre el límite infranqueable, sin dobles estándares ni silencios selectivos.
Como coalición de gobierno (y como sistema democrático) entendemos que la política no se construye desde el binarismo ni desde la lógica del amigo-enemigo, sino desde el reconocimiento de matices, el debate plural y el procesamiento institucional de las diferencias. La democracia no admite aprietes, ni patoterismo, ni intimidación, vengan de donde vengan.
Corresponde recordar, además, que los ediles departamentales son representantes electos por la ciudadanía, titulares de un mandato representativo y no delegados imperativos de ninguna estructura partidaria. Su actuación dentro de una sesión válida y conforme a derecho no puede ser condicionada por la presión ni por el miedo.
Reitero que no me corresponde inmiscuirme en las decisiones internas de ninguna fuerza política, ni opinar sobre sanciones partidarias. Pero sí considero un deber democrático afirmar que cuando la violencia irrumpe en la vida institucional, lo que está en juego no es una interna política, sino la democracia misma.
Por esa razón, expreso mi solidaridad personal con los Ediles del Frente Amplio Analia Fernandez, Eduardo Varela y Gladys Martinez, quienes han ejercido su mandato en un contexto hostil, y reafirmo mi compromiso con una política sin violencia, con reglas, con respeto y con instituciones fuertes. Ese es el único camino compatible con el sistema republicano de gobierno.
