Uruguay se ha caracterizado a lo largo de su historia por haber tenido una clase dirigente del sistema político que elevó los principios de honestidad, probidad y rectitud, constituyendo un reservorio ético orgullo de todos los uruguayos.
Los ejemplos se evidencian en todos los Partidos políticos.
Ética y honestidad como valores fundamentales que jamás sirvieron para aprovecharse del Estado y del Poder. En algunos casos, empobreciéndose en el Poder. Saravia, puso los títulos de sus tierras a disposición de la revolución en 1904. Herrera dejó raquítica la fortuna de su esposa. Wilson pasó severas penurias económicas en el exilio. Tomás Berreta, Cigluti, Domingo Arena, Flores Mora, fueron ejemplos de la probidad pública. Tabaré renunció a los subsidios cuando dejó la intendencia de Montevideo y Pepe donó gran parte de su sueldo. De los Santos dejó gran parte de sus salarios como Intendente para que se construyera la Universidad en Maldonado. Con esto debemos afirmar que no son todos los políticos iguales.
Por eso, cuando aparecen personas que usan al Estado para solventar el costo de su coordinador de campaña, que se valen de los recursos públicos para acomodar groseramente a sus correligionarios y que utilizan los dineros públicos para que sus allegados acrecienten su riqueza, la condena debe ser contundente, con pronunciamientos y señales categóricas, sin ambages, ni doble discursos. Y siendo firmes y contundentes también con quienes renuncian al Partido cuando el agua llega al cuello, pero pasado el sofocón vuelven olímpicamente al mismo, para volver a ocupar cargos públicos. Seguramente hay otros ejemplos, pero por las características que tuvo, no puede pasar lo de Moreira, acusado de cambiar cargos por favores sexuales, que renunció a su partido para evitar que lo expulsen y pasado un tiempito volvió olímpicamente sin ninguna sanción a ser candidatos de su partido.
Es evidente que el Partido Nacional no ha emitido señales claras. El Presidente Lacalle Pou se llamó a silencio, dijo que no era momento de hablar. El candidato Delgado dijo que tenía sentimientos encontrados. Ninguno de ellos repudió los hechos con la energía que la gravedad de los mismos requieren. No hubo una condena y un rechazo contundente.
Si el sistema político no grita fuerte, las señales por desterrar éste tipo de cosas son muy débiles y minimiza la gravedad de las inconductas de quienes están en el poder. Todos los ciudadanos están mirando el accionar de los políticos en el plano de la honestidad y de la ética. El ejemplo que están dando no es para nada alentador y no puede llevar a pensar que vale cualquier cosa, porque total, después no pasa nada. Es necesario predicar con el ejemplo. La propia Biblia lo marca como la principal vía de enseñanza.
Tenemos el deber de preservar la ética y probidad de esa dirigencia política de la que nos hemos vanagloriado como uruguayos y como sociedad. Para ello es necesario emitir una señal fuerte y evitar por la vía democrática que los corruptos ocupen responsabilidades públicas.
Además de la sanción penal, el castigo político es fundamental, porque es la señal de la sociedad que no quiere esa clase de dirigentes. El sistema de penas por cierto debe ser justo y equilibrado; no es posible que cuando se violenta la propiedad individual se apliquen penas muy severas y con reclusión, pero cuando se violenta la propiedad colectiva, entonces lo arreglamos con algunos días de trabajo comunitario, sin aplicar siquiera la prisión domiciliaria.
Hay un marcado desequilibrio en el sistema penal, que castiga a los pobres, a los jóvenes y a los ignorantes, pero poco lo hace con los poderosos. La LUC de este gobierno lo agravó. Las penas recaídas en los delitos cometidos por Pablo Caram y Valentina Dos Santos son un claro ejemplo de ello.
Como plantea Bergara, es necesario revisar el mapa de penas, no el sentido punitivista de aumentar las penas, sino dosificar las mismas para que estas sean más justas y equilibradas a la gravedad de los hechos y los intereses a proteger. Lo que los penalistas llaman la “dosimetría penal”, en donde además se ataque el fondo del problema que es el financiamiento de la actividad política.
Mientras tanto, podremos avanzar en algunas cuestiones, como la obligatoriedad del ingreso a las Intendencias por sorteo o concurso, que son imprescindibles per insuficientes para ir al fondo de los mismos.
Será un gran desafío para la próxima legislatura, pero para ello será necesario construir una mayoría suficiente y contar con el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi.
Los seregnistas de Salto estamos comprometidos con esta causa y lo invitamos a ser parte.
