Este martes se desarrolla la interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche respectivamente, en relación al ingreso de forma directa de 40 personas a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), de las cuales hay militantes blancos y colorados.
Sobre el motivo por el cual se resolvió interpelar a Bustillo y a Arbeleche, el legislador comentó que a Relaciones Exteriores se lo convocó porque en él radica la rectoría de un organismo que es binacional en representación de Uruguay.
En este sentido, recordó que en 2021 la Cancillería respondió ante un pedido de informe realizado por el FA, bajo la firma del ministro, que “toda requisitoria dirigida a la CTM o a cualquiera de las delegaciones que la componen, debe ser efectuada a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores”.
Viera también rememoró que pese a las expresiones de Bustillo de desconocer lo que pasa en Salto Grande, existe el decreto 189 de juni de 2005, que expresa que a Relaciones Exteriores le compete asesorar y a coordinar la actuación de la delegación uruguaya en la CTM y que además esta deberá dirigir sus comunicaciones y copia de sus actuaciones y cualquier información que considere conveniente.
“Que Relaciones Exteriores diga que desconoce lo que pasa en la delegación uruguaya en CTM, es aberrante e irresponsable”, remató.
En cuanto a la convocatoria a la ministra Arbeleche, el legislador del FA indicó que a su cartera la corresponde la adjudicación de los recursos del Parlamento. La delegación de Uruguay ante CTM mantiene un presupuesto base de 744 millones de pesos desde el año 2015 y se la ha ido otorgando refuerzos presupuestales y una partida de 200 millones de pesos por concepto de comisión de administración de UTE.
“Es el MEF el que debe hacerse cargo del contralor de esos recursos. Y de saber el destino, hacia dónde van, en qué se invierten”, acotó Viera.
El 11 de agosto de 2021, legisladores frenteamplistas pidieron informe a Cancillería, donde se da cuenta que fueron designadas y contratadas unas 36 personas y se dispuso el ascenso de 11 funcionarios.
También se informó que el presupuesto destinado al pago del personal experimentó ese año un aumento de más de dos millones de dólares.
El 1 de junio de 2022, desde el FA se realizó una consulta al MEF con 14 preguntas, de las cuales 9 no fueron respondidas y en su lugar se afirmaba: “por no corresponder”.
“Con esta interpelación buscamos lograr transparentar ese proceso y conseguir información, ya que el gobierno y particularmente el presidente de la República decidió que el FA no ejerciera su rol de contralor, ni en Salto Grande ni en la CARU. Cosa llamativa, porque siempre la oposición política ha tenido una silla dispuesta en el organismo. También en los tres gobiernos del FA”, subrayó Viera.
Rememoró que en el primer gobierno del FA el Partido Nacional no quiso ocupar cargos de contralor, en el segundo período frenteamplista la oposición lo hizo con un dirigente colorado, pero solo por un año porque el líder de esa colectividad política resolvió retirarse de todos los organismos y en el último mandato del FA el cargo de contralo en el CTM lo ocupó Carlos Albisu los cinco años.
El voto que podría disponer el FA en el CTM si tuviera un cargo de contralor en este organismo, condicionaría el ingreso de funcionarios. En esa línea, Viera remarcó que el estatuto de la institución establece que el ingreso de funcionarios deberá ser aprobado por la CTM “con la unanimidad de los miembros presentes”.
“Si el FA hubiese tenido un representante en la delegación de Uruguay ante CTM y hubiese visto el ingreso de cargos de punteros políticos, como los que hoy estamos denunciando, bastaba con la posición única de ese representante, para que hoy esta sesión no estuviera transcurriendo”, apuntó.
