La interpelación a los Ministros Arbeleche y Bustillo dejó en la declaración de la Cámara de Representantes algunas definiciones y señales en un mensaje contundente.
Tienen como destinatarios a los Delegados, a los acomodados y al propio Presidente de la República. Por ejemplo, cuando menciona “que las designaciones de delegados y funcionarios en un organismo de estas características deben atender especialmente a la idoneidad técnica respetando tanto las normas estatutarias, como las de ética en la función pública” va dirigido a Lacalle que designó esta delegación, pero también a los Delegados que son los que designan los funcionarios.
El diputado Viera entregó unos 150 preguntas que no fueron contestadas y a pesar de ello la coalición respaldó a los ministros.
A consecuencia del mal uso de los dineros, se instruye a la OPP que “intervenga” a la Delegación Uruguaya en la CTM en todos los gastos.
Asimismo, mandata cumplir con lo dispuesto por la Ley 19.823, que para los distraídos es la que establece la “DECLARACION DE INTERES GENERAL DEL CODIGO DE ETICA EN LA FUNCION PUBLICA”. Si manda cumplir es porque no se hace.
Todos los Partidos con representación parlamentaria votaron para que la “delegación uruguaya ante la CTMSG promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, en particular resulta imprescindible por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”.
Manifiesta que la conducción de la CTM fue “inadecuada en relación a la designación de personal y los cambios del estatuto de los funcionarios CTMSG” y que no es suficiente con la renuncia de Albisu y “debe ser acompañada por la renuncia del resto de los delegados uruguayos”
Los Diputados consideran tan mala a la gestión que piden “se encomiende la realización de una auditoría externa de gestión”, también se puede leer entrelíneas que las explicaciones durante la interpelación no aclararon nada.
En definitiva, un duro golpe a la Delegación Uruguaya de CTM por su accionar y un golpe político por no cumplir con su rol al Canciller Bustillo y a Lacalle que hace unos días había respaldado públicamente a la gestión y a sus actores.
Lacalle, dijo en Salto, en una actitud propia de campaña electoral (no muy diferente de lo que ha sido en este período) con declaraciones no muy claras dijo que se va a actuar, pero dejó entrever que no todo lo que mandó la Cámara de Diputados.
Estuvo de acuerdo en que hubo abuso, pero dijo que no habían existido ilegalidades ni corrupción en el manejo de Salto Grande y preguntamos ¿qué es el abuso si no una forma de corrupción?
Nuestra legislación es muy clara. La Ley Cristal (N°17.060 de 1998) define en su artículo 3 como corrupción “el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado”. Nos preguntamos si no es corrupción que un Delegado que es a su vez un funcionario con el cargo en reserva, vota modificaciones de las normas que lo beneficiarán personalmente a futuro, ¿no estamos también ante la conjunción de interés público con el privado?
La ley, profundiza en que: “Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. (art.20) y preguntamos, ¿qué es usar el cargo con el fin de posicionar candidaturas para las elecciones siguientes?
El art. 21 establece que “evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”. El propio Lacalle reconoce el abuso, pero agregamos ¿los delegados no están directamente relacionados con sus correligionarios?, ¿crearles cargos sin siquiera estar claro que función cumplen no es beneficiarlos?
Dirán que por ser un organismo binacional, a los empleados de Salto Grande no le competen esas leyes, dudamos que así sea.
Además, todo surge de la actuación de la delegación, que se integra con tres Delegados Uruguayos, a quienes el Gobierno Uruguayo les encomienda la tarea de representarlo y actúan en función de ser parte del Gobierno Uruguayo y a ellos si les competen estas leyes. Tanto es así que deben presentar declaraciones juradas ante la JUTEP.
La Justicia es la única que puede calificar estas acciones como delitos, pero sin dudas son una gran irresponsabilidad. No hacen más que desprestigiar la actividad pública. Los que usan los cargos para beneficiarse o a terceros y los que, como el Presidente en este caso, debiendo tomar medidas minimiza los problemas.
Esto demuestra la imperiosa necesidad de contar con un contralor desde la oposición. El profesor Chasquetti plantea que ante la gravedad de la situación el poder Ejecutivo debería para minimizar el daño político, actuar en consecuencia a lo que plantea la Cámara de Diputados y cambiar la delegación e incorporar un Delegado de la oposición.
Es la oportunidad de demostrar algo de grandeza, si no quieren que sea el Frente Amplio, que designen alguien desde otro lugar, por ejemplo un Delegado de la Universidad de República, del Cenur-LN o de alguna Facultad vinculada a la ingeniería o al ambiente.
La Junta Departamental de Salto votó una minuta en la que respaldan la declaración de la Cámara de Diputados y reclaman la remoción de los Delegados y la renuncia de todos los funcionarios ingresados a dedo, especialmente de los ediles que integran ese órgano.
No sabemos lo que pasará en los próximos días, pero queda muy en claro el poco reflejo republicano y democrático de algunos dirigentes del lacallismo en el Partido Nacional y del Partido Colorado que fueron censurados por el Poder Legislativo pero se mantienen en los cargos, e incluso del propio Lacalle que ya tuvo tiempo de cambiar la delegación pero hasta hoy no sucedió.
Arq. Rogelio Texeira
El contundente mensaje del Parlamento (Por el Arq. Rogelio Texeira)
