La Constitución de la República establece en su artículo N° 45 que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición”, en este Uruguay de desigualdad, la realidad nos muestra que miles de uruguayos y uruguayas viven en condiciones inhumanas, en precarios cobertizos, que ni vivienda puede llamarse.
Faltan más de 70.000 viviendas para cubrir las necesidades de la población, estimándose que el déficit para el 2025 será de aproximadamente 87.500 viviendas, sobre todo por el aumento de la pobreza en Uruguay, donde muchos hogares verán caer su ingreso y poner en peligro la propiedad de su vivienda.
Este gobierno de coalición, había prometido construir 50.000 viviendas nuevas en este período, pero a 10 meses de culminar su mandato, lejos esta de esta cifra y sobre todo por la falta recursos para hacerlo.
El déficit de vivienda es dramático, 95.000 hogares (8% del total) tienen una situación estructural precaria o muy precaria; 557.000 viviendas (45% de los hogares) se encuentran en situación coyuntural mala o muy mala; hay 67.083 hogares construidos en terrenos que no les pertenecen; 9.000 viviendas ocupadas sin permiso del dueño. Eso da un total de 76.000 hogares en lo que se denomina “tenencia insegura”. La cara mas dura en tema de vivienda esta en los asentamientos, alrededor de 200.000 personas en Uruguay, viven en aproximadamente 650 asentamientos, distribuidos en la capital y en el interior del país. Un importante porcentaje son mujeres, niñas, niños y adolescentes.
De parte del gobierno se anunció el Plan Avanzar, hasta hoy no sabemos exactamente cuál es su implementación aquí en Salto, donde prometieron realojar a las familias de los asentamientos de La Esperanza y La Amarilla, y a cuatro años de gobierno es otra de las promesas incumplidas.
Hay que revertir esta situación que viven miles de uruguayos y uruguayas y esto se logra con mas presupuesto a los planes de vivienda social, hoy lo destinado a la construcción de soluciones habitacionales, no supera el 0,5 % del PIB, porcentaje bajísimo, sin embargo, el estado exonera 70 millones de dólares anuales a sectores que no tienen la necesidad que se los ampare. Para poder instrumentar planes que realmente lleguen a los que más necesitan se debería duplicar el presupuesto destinado a vivienda y pasar a ser del 1 % del PBI.
Nuestro programa de gobierno 2025-2030 es muy claro en ello al establecer que se asumirá un incremento presupuestal sostenido, con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda que puedan volcarse a atender los grupos de población en situación de mayor emergencia y la precariedad habitacional, así como programas como Cooperativas, MEVIR y nuevas alternativas. Se promoverán programas de vivienda y cohabitación para las mujeres con cargas de cuidado que habitan áreas de hábitat precarios y con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.
El próximo gobierno del Frente Amplio tendrá un gran desafío en materia de vivienda, que permitirá brindar condiciones de acceso a una vivienda digna a miles de uruguayos.
Téc. Univ. Gustavo Chiriff / 1001-Frente Amplio
