La Intendencia de Salto ha tomado la iniciativa de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de Salto y su microrregión, un paso que ha despertado diversas inquietudes en la ciudadanía con enfoque progresista.
Según se argumenta, la necesidad de ajustar el plan surge del interés de algunos empresarios en desarrollar proyectos inmobiliarios denominados “Barrios Residenciales”. Se alega que dentro de los límites actuales de la ciudad no hay espacio para tales emprendimientos, repitiendo la misma justificación empleada en el pasado con el Proyecto El Milagro.
La Ley de Ordenamiento Territorial, N° 18.308, establece procesos específicos para la planificación, incluyendo dos instancias de participación pública: la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública. Sin embargo, desde una perspectiva progresista, surgen inquietudes que vale la pena abordar.
En primer lugar, la participación pública es esencial para la construcción democrática y el derecho de los ciudadanos a influir en la configuración de su entorno. Para que esta participación sea efectiva, la información debe ser accesible y comprensible para todos, no limitada a especialistas. Se plantea la necesidad de facilitar el acceso a documentos comprensibles para que la ciudadanía pueda formar opiniones informadas en el tiempo estipulado.
En segundo lugar, se cuestiona la necesidad de aumentar el área urbanizada sin un correlato en el crecimiento poblacional. Salto ya enfrenta áreas poco densas, como en el caso de Arenitas Blancas – Villa Magüey, lo que plantea interrogantes sobre la lógica detrás de esta expansión y sus implicaciones en los costos de infraestructura y desplazamientos.
El tercer punto aborda las preocupaciones ambientales, destacando el aumento de la carga en la cuenca del Arroyo San Antonio. Se alerta sobre las consecuencias para la calidad del agua y se señala la proximidad a la toma de agua de OSE, enfatizando la necesidad de precaución.
En el ámbito jurídico, se subraya la importancia de que la reglamentación responda a necesidades colectivas y al bien público, especialmente cuando se trata de un gobierno progresista. La ética y la identidad progresista deben prevalecer sobre intereses particulares.
Finalmente, desde una perspectiva política, se destaca la contradicción entre el plan de gobierno departamental del Frente Amplio y la creación de enclaves cerrados. Se enfatiza la necesidad de respetar los compromisos asumidos en el programa de gobierno, reflejo del pacto ciudadano con el Frente Amplio.
En este contexto, se espera una amplia y real participación de la ciudadanía, y se insta a considerar cambios reales en la sociedad, no solo a cumplir formalidades legales. La ciudad en clave progresista implica no imponer a la sociedad ni al medio ambiente decisiones que contradigan sus valores fundamentales.
