El Palacio Córdoba fue sede de una destacada exposición a cargo del Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti —abogado y aspirante a docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República—, quien desarrolló una reflexión profunda sobre la intersección entre los Derechos Humanos y el Alzheimer, poniendo el foco en la dignidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Cartagena sostuvo que hablar de Derechos Humanos y Alzheimer “no es solo un ejercicio jurídico o teórico, sino hablar de dignidad en su estado más vulnerable”, remarcando que toda política pública, decisión familiar y acción del Estado debe colocar a la persona en el centro, incluso cuando enfrenta fragilidad física o cognitiva.
Durante su intervención, recordó que los Derechos Humanos son inherentes a todas las personas y no dependen de la edad, la salud, la memoria ni la productividad. Subrayó que, en Uruguay, este reconocimiento se asienta en la Constitución —especialmente en los artículos 7, 72 y 332— y en los principales tratados internacionales ratificados por el país, con énfasis en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 19.430).
El expositor enfatizó que la vejez no debe ser concebida como una etapa de pérdida de derechos, sino como un período que requiere mayor protección. La persona mayor continúa siendo sujeto pleno de derechos: a la salud, a la autonomía, al respeto, a la participación y al buen trato. “Nunca debe ser objeto de descarte ni de indiferencia”, afirmó.
Al abordar específicamente el Alzheimer, Cartagena describió la enfermedad como un desafío complejo que afecta la memoria, la identidad, la capacidad de decisión y la autonomía, pero que en ningún caso borra la condición de persona. “Quien padece Alzheimer sigue siendo titular de todos sus derechos humanos, y por eso mismo requiere una protección reforzada”, señaló.
Desde el enfoque de derechos, explicó que el Alzheimer genera obligaciones concretas para el Estado y para la sociedad: atención médica especializada y continua, cuidados integrales, trato digno, protección frente al abuso y el abandono, respeto por las voluntades anticipadas y acompañamiento a las familias que asumen la mayor carga emocional, física y económica.
Si bien reconoció avances en Uruguay —como el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Plan Nacional de Demencias y la normativa sobre derechos de los pacientes y voluntades anticipadas— advirtió que aún persiste una brecha entre la normativa y la realidad cotidiana. Señaló la necesidad de mayor formación, más centros de día, servicios domiciliarios suficientes y un enfoque verdaderamente integral.
Finalmente, Cartagena expresó que el Alzheimer no solo pone a prueba al sistema de salud, sino a toda la sociedad, confrontándola con prácticas y miradas que muchas veces invisibilizan la vejez o descartan aquello que no produce. “Defender los Derechos Humanos de las personas con Alzheimer es defender la dignidad humana en su forma más pura. Porque cuando la memoria se apaga, lo único que no puede apagarse es el respeto”, concluyó.
