A esto se suma la concreción en las últimas horas de más de 300 ascensos, lo cual no solo incrementa el gasto departamental, sino que compromete recursos futuros sin haber consultado ni respetado la voluntad popular. ¿Quién paga todo esto? Todos los salteños.
Esta acción no solo es irresponsable desde lo económico, sino profundamente inmoral desde lo institucional. El pasado 11 de mayo, el pueblo de Salto habló claro: decidió un cambio, eligió otro rumbo, otra forma de hacer las cosas. Sin embargo, hoy esa decisión está siendo desoída, pisoteada. Están intentando, desde los escritorios, desestimar lo que el pueblo resolvió en las urnas.
Lo que está ocurriendo no es una transición normal. Es una operación política y sindical que prioriza intereses particulares por encima del bienestar colectivo. Es una acción contra Salto y contra los salteños.
Desde nuestro lugar, como representantes reelectos, nuestro deber es seguir denunciando cada atropello y cada maniobra que se aleje de la ética, la legalidad y el respeto institucional. Porque creemos, al igual que la inmensa mayoría de los salteños, en un Salto distinto, más justo y más transparente. Y no vamos a callar frente a lo que está mal, aunque sea la última jugada de quienes se resisten a soltar el poder.
Lista 50 Coalición Republicana