Los integrantes de la Mesa del Congreso de Intendentes, Andrés Lima y Richard Sander, acompañados por el intendente de Florida, Guillermo López, comparecieron ante la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto de Diputados, instancia en la que realizaron una serie de planteos sobre cuatro asuntos incluidos en la Rendición de Cuentas presentada por el Ejecutivo nacional para su consideración.
El doctor Lima informó que existe una preocupación compartida entre todos los gobiernos departamentales por la automatización de los peajes en todas las rutas nacionales lo que podrá afectar cientos de puestos de trabajo. Solicitaron que los trabajadores no pierdan su fuente de ingreso y esto pueda garantizarse, en caso de aprobarse el artículo incluido en la Rendición de Cuentas.
También abordaron el asunto referente al cobro del peaje junto con la patente (principal ingreso de las intendencias después de las partidas nacionales) porque entienden que esto afectará el pago de la misma, considerando que los costos serán más elevados. Solicitaron que el Gobierno nacional busque alternativas de cobro.
Esta Rendición de Cuentas establece que la fiscalización del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) será competencia de las intendencias, motivo por el cual realizaron el planteo que, de todo lo recaudado por este concepto, un 70% sea destinado a la Unidad Nacional de Seguridad Vial y el 30% restante a las intendencias.
El tercer punto tiene que ver con la redacción del Artículo 251 sobre el Fondo de Asimetrías. Andrés Lima dijo que se había acordado entre el Gobierno nacional y el Congreso de Intendentes que éste comenzaría a pagarse a las intendencias a partir del 2022 pero el Gobierno nacional propone ahora que se comience a pagar a partir del año 2023. “Dejamos clara la voluntad del Congreso que se paguen a partir de 2022 estos 250 millones de pesos”.
Finalmente, los jefes ejecutivos departamentales abordaron aspectos relacionados con el Artículo 207 que, entienden, responsabiliza a las intendencias por el surgimiento de asentamientos y construcciones irregulares o clandestinas mediante una herramienta que permitirá al Gobierno nacional resarcirse de realojos, descontando el dinero de la Partida 214. “Creemos que es inconstitucional”, dijo Lima y agregó que “las intendencias somos conscientes del rol de policía territorial” pero es necesario trabajar en conjunto y no responsabilizar a estas instituciones por la situación de miles de familias uruguayas que hoy no pueden acceder a una vivienda digna.
