En los últimos años, hemos visto cómo la corrupción se ha instalado en las instituciones del Estado como un cáncer que devora la confianza de los ciudadanos. La corrupción no solo se traduce en escándalos mediáticos o en titulares impactantes, sino que afecta directamente la vida de cada uruguayo, robando oportunidades, recursos y derechos.
Bajo este gobierno, hemos sido testigos de cómo las prioridades han sido torcidas a favor de unos pocos, mientras la gran mayoría de los uruguayos sufre las consecuencias. Vemos un Estado que ha dejado de lado su rol como garante de bienestar, para convertirse en una máquina que favorece intereses privados y alimenta a una élite que se beneficia del poder. Esto no es casualidad, es el resultado de decisiones políticas que ponen el lucro por encima del bienestar común.
El Caso Astesiano, donde la corrupción ha alcanzado niveles impensados con el jefe de seguridad presidencial involucrado en una red de falsificación de pasaportes, es solo una muestra de la podredumbre institucional. A esto se suma el espionaje a senadores de la oposición, un atentado contra la democracia misma. Y como si fuera poco, el actual gobierno ha entregado el puerto de Montevideo a un grupo privado por 100 años, hipotecando el futuro del país sin transparencia ni debate. Estas son las señales claras de un poder que no rinde cuentas y que actúa a espaldas del pueblo.
La corrupción no es solo una transacción oculta o un sobre bajo la mesa. Es la falta de transparencia en la toma de decisiones, es desviar recursos destinados a la salud y la educación para llenar los bolsillos de unos pocos. Es permitir que sectores enteros de nuestra población, como el interior, queden al margen de las inversiones y el desarrollo, mientras se privilegia a los de siempre. Esto, compatriotas, también es corrupción, y todos pagamos el precio.
Desde el Frente Amplio, proponemos una política que tenga como piedra angular la honestidad. Creemos firmemente que el poder debe estar al servicio de la gente, no de las ambiciones personales ni de los intereses económicos que buscan secuestrar nuestra democracia. La honestidad es la única respuesta posible cuando se trata de defender los derechos de los uruguayos
El próximo período legislativo debe ser el de la transparencia total. Un gobierno que rinde cuentas de cada peso, de cada decisión. Un gobierno que coloca a los ciudadanos en el centro de todas las políticas. Nosotros, desde el Frente Amplio, asumimos este compromiso con total claridad: no hay lugar para la corrupción en nuestro país. Y si hay quienes creen que pueden seguir manejándose en la oscuridad, tendrán en nosotros a sus principales adversarios.
Como representante de Salto y del interior, me comprometo a llevar adelante una gestión con transparencia y cercanía. Mi compromiso es trabajar de la mano de los ciudadanos, rindiendo cuentas constantemente, y asegurándome de que cada decisión que se tome en el parlamento tenga como única finalidad mejorar la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo trabajador.
La honestidad no es solo una palabra bonita en campaña. La honestidad es el eje sobre el cual debe girar toda gestión pública. Porque cuando un político es honesto, cuando las instituciones son transparentes, la corrupción no tiene lugar para esconderse. Y cuando la corrupción desaparece, nuestro país florece.
Es hora de recuperar la confianza de la gente, de demostrar que la política puede, y debe, ser un motor de cambio verdadero. No vamos a permitir que los uruguayos sigan pagando el precio de la corrupción. Queremos un Uruguay donde la honestidad sea el faro que ilumine cada acción política, y en ese camino no daremos un paso atrás.
