La semana anterior Búsqueda editorializó sobre la gobernanza de las empresas públicas.
El buen gobierno de las empresas públicas ayudaría a mejorar el raquítico crecimiento económico que desde hace décadas tiene Uruguay, excepto en los breves períodos de mayores precios en el exterior para nuestras materias primas. Bajo el rótulo de empresas públicas tenemos un cuadro variopinto. Entes autónomos (EA), servicios descentralizados (SD), sociedades anónimas (SA), de capital estatal, etc.
Parecería estar en “la tapa del libro” que las mismas deberían ser gobernadas por gente idónea, No obstante, tradicionalmente, en sus directorios suele haber quienes no lo son. Generalmente se los ubica allí como retribución de servicios políticos partidarios y/o para mantenimiento de clientelas electorales.
El trabajo político debe ser retribuido, pero no perjudicando a las empresas públicas.
Estudios y propuestas
Tenemos conocimiento que la academia se ha ocupado del tema con estudios y propuestas, de los cuales hemos conocido algunos.
Ignacio Munyo, Pablo Regent y Carlos Delpiazzo, analizaron el desempeño de Ancap, Ute y Antel y realizaron quince recomendaciones, para una buena práctica en el gobierno de todas las empresas públicas. (Empresas del Estado y eficiencia: La relevancia del ejercicio de la propiedad.Setiembre 2015-en línea-).
Entre esas recomendaciones una relevante es la necesaria separación, que debe existir, entre quien ejerce los derechos de propiedad de las empresas y de quien las gestiona. Requiere que sean titulares distintos.
Citan una experiencia donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no es un órgano de gestión empresarial, como lo son los directorios de las Empresas, actuó como representante del propietario de las mismas, que es toda la población. Eso se hizo en la 1ª Presidencia del Dr. Vázquez (2005-2010), mediante una tarea de coordinación mediante reuniones periódicas con los Presidentes de las empresas estatales y hubo una performance superior al de la Presidencia siguiente de José Mujica (2010-2015), en que no se coordinó, a pesar de contar con una situación económica general similar en ambos períodos.
Otro estudio muy interesante es del Mag. Alejandro Guedes sobre las sociedades anónimas (SA) de capital estatal. (“Hijas y nietas: sociedades sociedades comerciales de capital estatal y control político”. –en línea-). Son más de sesenta empresas, la mayoría creadas por EA y SD que se manejan por el derecho privado. Muchas de ellas administran cuantiosos patrimonios. Según este estudio habitan en una especie de limbo, pues hay dificultades para su control por el derecho público y por el derecho privado. Permiten a los EA y SD realizar negocios que por el derecho público les sería muy difícil o imposible realizar. Y todo lo que hacen no tiene control alguno, ni siquiera el formal del Tribunal de Cuentas.
Las precitadas recomendaciones de Munyo, Regent y Delpiazzo, para la buena gobernanza de las empresas, fueron recogidas en los arts. 276 a 285 de la LUC, ley 19.889, promulgada el 14 de julio de 2021, pero según información oficial de mayo de 2024 recibida por el suscrito, nunca se reglamentó y por tanto no se aplicó ni se aplica. Por ahora no pasó de ser una buena intención. Letra muerta.
Pequeñez de la economía uruguaya
Dada la pequeñez de nuestra economía, el accionar del Estado para el impulso de la misma es relevante. En tal sentido las empresas públicas son un instrumento clave. Hay actividades que sólo se pueden realizar si la empresa integra la estructura estatal o tiene su respaldo, por cuanto el sector privado uruguayo, históricamente, salvo excepciones, no se ha mostrado capaz, por sí solo, de animar empresas industriales y comerciales que se sostengan en el tiempo y puedan competir exitosamente en el mercado exterior, en algunos de los rubros más grandes de la economía nacional. Hay rubros donde el sector privado fue capaz de generar cuantiosas producciones de bienes primarios, pero no tuvo capacidad para industrializarlos y comercializarlos a nivel internacional, que es donde se juega el principal “partido” y se generan las mayores rentabilidades. Ejemplos de eso han sido, para la carne, la Liebig’s y su sucesor el Anglo en Fray Bentos y casi todos los frigoríficos en manos de extranjeros. Y más recientemente las tres pasteras, para la producción forestal. La excepción ha sido la leche con Conaprole, que surgió con apuntalamiento estatal.
El ahorro nacional
Otro aspecto relevante de las empresas públicas, sería el aprovechamiento del ahorro nacional, hoy desperdiciado. Para la rentabilidad de sus ahorros en el país, los uruguayos tienen sólo dos opciones: inmuebles y deuda del gobierno. Ello se visualiza en las excesivas construcciones de edificios que no tienen ni tendrán ocupantes y las estafas como las de Conexión Ganadera y similares. Si las empresas públicas desarrollaran proyectos, podrían llevarlos a la práctica, captando esos ahorros y los uruguayos tendrían un lugar seguro donde volcarlos y obtener una renta razonable. A la vez crecería la economía nacional. UTE tiempo atrás usó este esquema, en la construcción de un parque eólico, y tuvo buen resultado.
La tarea concreta de hoy
Pero para que las empresas públicas desarrollen todas sus potencialidades y sean un puntal para el crecimiento de la economía nacional, el requisito básico es que sean bien gobernadas. Y al respecto hay hoy una tarea muy concreta que es reglamentar los arts. 276 a 285 de la ley 19.889 y poner en práctica esas directivas. Las empresas públicas cumplirían mejor los fines para lo que fueron creadas y podrían ampliar su accionar a estas nuevas propuestas que se plantean. Todo en bien del país y particularmente en el de su crecimiento económico.
Por último, mis felicitaciones a Búsqueda por haber puesto a la consideración pública tema tan relevante
