El art. 45 de la Constitución establece que “todo habitante… tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa” , por eso los Gobiernos Nacionales implementaron a lo largo del tiempo planes y programas, algunos exitosos y otros, por diferentes motivos fracasaron.
Los problemas del hábitat son mucho más complejos que solo vivienda, implican además de las construcciones, vivienda e infraestructuras, las condiciones sociales, los servicios, las relaciones ambientales, etc.
Se necesitan políticas de Estado de largo plazo con inversión de importantes sumas de dinero.
La vivienda, por el alto costo que tiene es de difícil acceso. Para la gran mayoría de las personas será el monto de dinero más alto que van a gastar en la vida.
Se podría decir que hay tres lógicas de construcción de ciudad: el mercado, el Estado y las respuestas desde la necesidad. Cada una tiene diferentes resultados, es fácilmente apreciable.
Quienes, por su condición económica pueden comprar, construir o alquilar lo solucionan individualmente. Hoy el mercado ofrece viviendas nuevas de categoría económica (construidas con exoneraciones fiscales) por encima de 2.500 dólares el metro cuadrado.
Imposible para la gran mayoría de los uruguayos, que necesitan del respaldo del Estado para acceder a un derecho constitucional.
La Constitución establece que “la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica” y la ley obliga a planes quinquenales que fijan las políticas de vivienda de cada Gobierno.
Los excluidos, estarán a la deriva en esa lógica de superar la necesidad que seguramente los lleve a algún asentamiento sobre suelo no apto por inundable o contaminado o a vivir en la calle.
La política de vivienda tiene algunas claves: el rumbo, el financiamiento y la gestión.
El rumbo es la orientación que se le da. Este Gobierno se jugó mucho al mercado para solucionar, pero está claro que la gente no puede acceder, además, en materia de alquileres la LUC los deja librado al mercado y no hay ni fondo de garantías ni sistema de alquiler social.
Algunos gobiernos han destinado más dinero que otros, el actual ha sido tacaño.
Al inicio, antes de la pandemia, recortó al barrer el 15% del dinero para vivienda. Luego, aparecieron recortes más dirigidos, por ejemplo a las Cooperativas (a la mitad), prácticamente desaparecieron los llamados a licitación para construir viviendas o el enlentecimiento de las obras en asentamientos.
En mayo pasado, como recordó ayer el Presidente en la Asamblea General, se “lanzó el Plan Avanzar, destinando una inversión de 480 millones de dólares” para “dar solución a 15.000 hogares y cerca de 50.000 personas”, son 32.000 dólares por núcleo familiar que deberán cubrir vivienda e infraestructura urbana, al menos vialidad, saneamiento, agua potable, drenaje pluvial, energía eléctrica y espacios públicos sin contar la inversión en más terrenos.
No es suficiente para financiar las obras necesarias, seguramente las viviendas no sean lo adecuadas que mandata la ley 13.728 , pero como peor es la situación actual esperemos que avance y se concrete.
La gestión es compleja, el presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción decía que “en vivienda está costando darle en la tecla, no es sencillo”. En el Programa Sueños en Obra, hay proyectos para 1800 viviendas, pero ninguno en ejecución.
Ahora se anuncia con bombos y platillos la licitación para construir con madera un edificio de vivienda en Durazno.
A veces parece que fuera más importante anunciar que ejecutar.
La situación es tan grave que el diputado Lust dijó que “no sacamos a nadie del asentamiento, teniendo al ministerio” , quedó lejos la promesa de erradicar los asentamientos realizada por la Ministra Moreira luego de asumir el cargo.
Preocupa que la realidad marque que quienes viven en condiciones precarias no son prioridad y que ni siguiera se enlentezca su aumento.
Arq. Rogelio Texeira
Director de obras I. de Salto (2005-2010); Delegado uruguayo ante CARU (2015-2020)
[1] Artículo 45.– Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.
[1] Artículo 1º.- Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho.
El articulo de Rogelio es muy b pedagógico. Entendí muy bien y agrego: así es fácil bajar el irpf recortando por donde no nos damos cuenta.