Mucho se habla sobre una patológica tendencia a faltar a la verdad que tienen los dirigentes políticos. Se dice que “los políticos son todos mentirosos”. Creo que no es así, pero en cuanto me comprenden las generales de la ley por ser un militante político, no estoy en condiciones de medir cuanto de cierto y cuanto de falacia tiene esa aseveración, pero no caben dudas que es una muy mala costumbre.
Es un problema porque unas de las bases de la democracia es la credibilidad en el sistema y si estamos permanentemente mintiendo estamos erosionando el sistema. Es como el chiste gráfico del que poda el árbol sentado en el lado de la rama que va a caer en lugar de hacerlo desde el lado del tronco.
Es un problema que hay que atender. La Democracia se debe cuidar todos los días.
Sería entendible que en campaña electoral se prometa algo que luego no se pudiera concretar por diferentes motivos; sea porque es difícil, porque hay otras prioridades, porque no se consiguen otras voluntades que acompañen la propuesta o porque las condiciones externas no lo permiten.
Pero son imperdonables cuando se hacen desde el propio Gobierno.
Las 50.000 viviendas para el período que prometió una Ministra, el puerto de barcazas en el lago, el puerto seco y el freeshop en el predio de Salto Grande, la planta de cannabis en Colonia Garibaldi, la clínica para atención al suicida, las grandes inversiones en turismo como varios hoteles 5 estrellas o el parque acuático en la costa del río Daymán o el proyecto el Milagro con casi 15.000 puestos de trabajo.
Se podrá poner excusas y decir que fueron mal entendidos y que en realidad era una aspiración, pero esa aspiración generó ilusión en la gente, especialmente de aquella más vulnerable, que está necesitando un trabajo estable o una vivienda adecuada donde vivir.
Pero, parecería que el colmo de cosas que se prometen y no se cumplen tiene que ver con la reciente firma de un acuerdo entre la Delegación Uruguaya de Salto Grande y los trabajadores de la Represa representados por ATUSG, que entre otros compromisos contiene un aumento en el sueldo de los funcionarios, que cubre lo que habrían perdido durante este quinquenio.
Pero ahora, esta Delegación no lo quiere cumplir. La misma Delegación que se negó a renunciar a pesar de pedirlo la Cámara de Representantes, los Diputados, por amplia mayoría.
Aparentemente porque significa mucho dinero, unos 700.000 dólares al año. Para tener una idea, según algunos medios de prensa, sería lo que costaron los recitales de la semana pasada en el marco de los festejos de los 300 años de Montevideo.
Este monto, que se conocía antes de firmar el convenio sería, según trascendió públicamente, casi el mismo monto que el comprometido a pagar por la propia CTM por concepto de retiro incentivado a una persona de 57 años, reconocido dirigente lacallista.
Llama la atención que por la misma plata se mantenga el convenio firmado con un funcionario y se desconozca el que se firmó con el Sindicato. Como decía Eduardo Dángelo “¿usted no desconfiaría?”
Quien hace esto, no solo tiene un menudo problema ético con el manejo de la cosa pública, sino que además está generando un nuevo motivo para los descreídos en la política y en la institucionalidad democrática-republicana.
Estaría bueno que se ponga fin a estas nefastas prácticas políticas que la amplia mayoría de los uruguayos ya no podemos ni queremos aceptar.
Arq. Rogelio Texeira
Ex Director de obras I. de Salto; Ex Delegado uruguayo ante CARU
