La presentación del operativo estuvo a cargo del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y del titular de Defensa Nacional, Javier García, acompañados por el prefecto nacional naval, José Luis Elizondo, y el director nacional de Policía, Diego Fernández.
Larrañaga informó que las acciones se desarrollarán en todo el país, con énfasis en las costas de Canelones, Maldonado y Rocha, e incluirán controles en las rutas, a cargo de la Policía Caminera, y en los puntos de ingreso al país, con personal de la Dirección Nacional de Migraciones.
También destacó el esfuerzo y el trabajo efectuado en conjunto con el Ministerio de Defensa, el de Salud Pública y las intendencias, para la prevención y disuasión de aglomeraciones que podían implicar riesgo sanitario, luego de la reglamentación de los artículos 37 y 38 de la Constitución, aprobada por el Parlamento en diciembre.
Añadió que, desde el 21 de diciembre hasta el 31 de enero, la cartera realizó 2.800 intervenciones, que, en su gran mayoría, culminaron sin ningún tipo de violencia ni intervención de la Fiscalía. Asimismo, valoró el gran profesionalismo de los policías que trabajaron en todo momento con el objetivo claro de disuadir a las personas de congregarse.
García adelantó que se apelará una vez más a la comprensión de la ciudadanía, que, subrayó, ha tenido una gran disposición y apego a las medidas dispuestas por el Gobierno, lo que ha permitido superar la primera ola de la pandemia. Agregó que este año se dispondrá de mayor dotación de equipamientos y vehículos para el operativo y se incorporará personal de la Guardia Republicana y del Comando de Infantería de la Armada.
El jerarca señaló que el país está en la fase previa a la vacunación y que, en esta instancia, el mundo científico recomienda que la situación epidemiológica sea la mejor posible, a fin de asegurar la eficacia de la vacuna, por lo cual el mensaje es “no aflojar las marcas” y mantener los criterios que han dado resultado.
Recordó que hasta el 21 de febrero está vigente la prohibición de aglomeraciones y sostuvo: “Debemos trabajar para que se cumpla la ley si se pone en riesgo la salud de los uruguayos y, para ello, se recurrirá a Fiscalía si es necesario”.
