La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, integrada por los diputados María Eugenia Roselló (Pte), Daniel Gerhard (Vicepte), Felipe Carballo, Omar Estévez, Pedro Jisdonian y Martín Sodano, recibió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres e integrantes de su equipo y, entre otros temas, trataron la solicitud al Poder Ejecutivo de la remisión de un Proyecto de Ley con el fin de resarcir económicamente a los ex obreros de la represa hidroeléctrica de Salto Grande.
En su intervención, el diputado Felipe Carballo, dijo que han recibido un informe jurídico, “que ha sido bastante claro en cuanto a la opinión, pero entendemos que este es un tema netamente político, por lo que nos vemos en la obligación de preguntarle cuál es la opinión política que tiene el Ministerio con relación a este tema. Además, queremos hacer una consulta que quizás tenga más relación con lo jurídico y es si ustedes entienden que avanzar en una solución política como la que están reclamando los trabajadores de la represa de Salto Grande tendría algunas repercusiones en otros sectores. Queremos saber si esa es una de las preocupaciones que ustedes tienen con respecto a ese tema, si lo visualizan desde ese lugar, porque seguramente no deben ser los únicos trabajadores que se vieron con sus derechos totalmente atropellados en un gobierno de facto; por ello, quisiera saber si tienen conocimiento de reclamos similares”.
A su turno, el ministro Pablo Mieres, reconoció que, “todos quienes hacemos política desde hace bastante tiempo hemos tenido contacto con este reclamo en décadas; diría que, en cada gobierno, este planteo ha estado arriba de la mesa y por algo no se solucionó. Ha habido gobierno de todos los partidos con mayoría de la mayor variedad posible, y siempre el resultado fue el mismo: no hubo una respuesta”
” …. acá no hay respaldo jurídico para una respuesta; ningún tipo de respaldo jurídico y, además, la demanda, el reclamo de estas personas, ha ido variando en el tiempo: de indemnización por despido a francos no pagos, compensatorios, etcétera. Es de tal vaguedad que, además, con el transcurrir del tiempo, cada vez se vuelve más vago. En consecuencia, tomar una decisión política sin fundamento jurídico para otorgar beneficios a un colectivo que no tiene pruebas fehacientes sobre su derecho y que, en todo caso, ya tuvo su espacio a nivel judicial con resultado negativo es abrir una puerta que no es propia de un Estado de Derecho; o sea, genera antecedentes. Yo lo lamento; conozco a algunos de los reclamantes y son gente de mucha edad. Están muy convencidos de que fueron afectados en su derecho, pero no alcanza con estar convencido. También conozco más gente que está convencida de otras afectaciones de sus derechos y que en la historia de la vida social no logran un resultado”.
“Y, finalmente, no encontramos argumentos jurídicos, más allá de que uno pueda sentirse sensibilizado por gente de mucha edad que está planteándolo; lamentablemente, hay problemas insalvables, desde el punto de vista jurídico, que nos impiden avanzar en un reclamo que en el tiempo ha ido variando en su contenido y en sus características, de forma tal que es hasta imposible determinar cuál es el objeto del reclamo, lo cual es clave para legislar” concluyó Mieres.
