El expresidente de la Delegación Uruguaya ante la CTM de Salto Grande, Ing. Gabriel Rodríguez, envió una carta a Radio Carve con motivo de realizar algunas aclaraciones:
Montevideo, 3 de septiembre de 2023
Estimados Carolina Ramos, Miguel Nogueira y Guillermo Lussich
Informativo Carve
Me dirijo a ustedes en relación al tema Salto Grande, luego de haber escuchado la entrevista que realizaron el día 30 de agosto a Carlos Albisu, Presidente de la Delegación del Uruguay, y también después de escuchar el intercambio entre ustedes sobre el mismo tema, el día siguiente.
Soy Ingeniero Eléctrico, egresado de la UdelaR en 1993 y empleado de UTE desde 1989. Todos los cargos que he desempeñado en esa empresa fueron alcanzados por concurso. En el año 2005 fui designado por el Presidente Vázquez y los Ministros Gargano y Lepra para integrar la Delegación del Uruguay en la CTM de SG, donde permanecí hasta el 17 de abril de 2020. Fui designado presidente de la Delegación del Uruguay a partir del gobierno frenteamplista en 2010 y también en 2015.
Dediqué esos 15 años de mi vida profesional a tratar de hacer la mejor gestión posible en un organismo de características muy particulares y poco conocido fuera del ámbito energético. No tengo ninguna duda de que, junto al equipo que me acompañó, ayudamos a construir una gestión transparente que puso foco en la misión principal para la que fuimos designados, es decir, administrar el complejo hidroeléctrico; una tarea que no es sencilla por tratarse de un organismo binacional, en el cual, la dirección es compartida entre representaciones de los gobiernos de países distintos, lo que obliga a la negociación permanente.
Me motiva a escribirles los comentarios vertidos por el Dr. Albisu en la entrevista mencionada que aluden a las gestiones de las que fui parte, pero más que eso, me motiva, y preocupan, las conclusiones que al parecer ustedes sacaron de esa entrevista, o dieron por ciertas, que podrían resumirse en “…las delegaciones anteriores hicieron lo mismo…”.
No ocupo en la actualidad cargos políticos, ni siquiera soy un “activo militante”, por lo que he tratado de mantenerme al margen de la discusión mediática que se ha generado en la semana anterior. Pero, no puedo callar cuando veo y escucho que se cataloga de forma injusta un trabajo al que nos dedicamos muy en serio durante tantos años. Por otra parte, también nos compete la responsabilidad política y profesional de aportar información que ayude a poner las cosas en su lugar frente a conclusiones demasiado ligeras o simplificadas.
1.- De los ingresos y “la cuota política”
Durante la gestión que nos tocó integrar y en parte dirigir, entre 2005 y 2019, el único ingreso “político” fue el Secretario de la Delegación del Uruguay, como está previsto en el Reglamento de la Delegación del Uruguay en CTMSG, aprobado por el Gobierno de Uruguay en la década del 60. Salvo ese caso, NO HUBO OTROS INGRESOS DE CARÁCTER (O POR CUOTA) POLÍTICO. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo. Los demás ingresos a la plantilla de empleados uruguayos fueron resultado de concursos o mecanismos de selección internos/externos sin preguntarles a quién votaban en las elecciones.
Algunos datos que son comprobables y que constan en el Informe de Gestión de la Delegación del Uruguay (período 2015-2019) entregado al Gobierno entrante en marzo de 2020:
Desde 2007 al 2019 se realizaron más de 260 concursos (RA y ROU) para la cobertura de vacantes.
Ingresos de personas de nacionalidad uruguaya por concurso (2007-2019): 128.
Ingresos por designación directa (2007-2019): 7, de los cuales solo uno fue de carácter político.
Empleados uruguayos en enero de 2005: 258.
Empleados uruguayos en enero de 2020: 236.
Se priorizó la calificación o formación del personal definiendo los perfiles necesarios para cada vacante a ocupar. El nivel formativo promedio del personal ingresado en el período es superior al del personal que se retiró en el mismo período.
En la actual administración, en cambio, puede comprobarse que (y son solo algunos ejemplos):
Aumentó la plantilla de personal uruguayo; en julio de 2021 eran 261.
Al menos 34 personas han ingresado por designación directa, todos ellos con conocida vinculación política con las autoridades de turno.
Hubo casos de empleados con vínculos políticos y/o familiares con la Delegación y su entorno que fueron beneficiados con ascensos a cargos creados especialmente (o sea, que no existían antes).
Se anularon entre mayo y junio de 2020 procesos de selección de personal con consultoras especializadas para ocupar vacantes de profesionales, que estaban en las etapas finales en marzo de 2020 con los postulantes ya seleccionados, y se ocuparon dichas vacantes en forma directa.
Se eliminó o derogó la Resolución MCTM 002/18 (del año 2018) que establecía la obligatoriedad de mecanismos de concurso o procesos de selección para TODOS los cargos jerárquicos (vale decir que Uruguay desde el 2007 aplicó este mecanismo como “norma”, pero no Argentina). Esto habilitó a permitir nuevamente la “discrecionalidad” en la Delegación para la designación, marcando un claro retroceso en la profesionalización necesaria en una empresa como la CTMSG.
El gasto de personal aumentó para Uruguay en el año 2021 un 15,5% por encima de la inflación.
A la fecha se observa un retraso en la cobertura de vacantes técnicas, prioritarias para la gestión del Organismo, pero en cambio se ha priorizado el ingreso de personal en áreas nuevas, creadas sin definición de perfiles o cometidos específicos, con la excusa del “desarrollo regional”. Un ejemplo: el equipo asignado directamente a la Delegación del Uruguay era, en 2019, de 17 puestos; en 2023, es de 34, un 100% de aumento.
Etc., etc.
En suma, en la actual gestión, a valores de 2023, Uruguay debe financiar entre 70 y 80 millones de pesos “extra” por año que corresponden a esas 34 personas ingresadas directamente y los “ascensos” internos. La cifra es de mi responsabilidad en base a los montos salariales y no se incluyen gastos adicionales como viáticos, horas extras y beneficios.
Por si fuera poco, un reciente cambio estatutario en junio de 2023, otorga algo así como la “inamovilidad” a los empleados de Salto Grande, estableciendo que solo será posible el despido mediante un sumario por falta grave. Llama la atención que en un gobierno de claro signo “liberal” se tome una medida de este tipo que no hace otra cosa que asegurar la estabilidad de las personas que entraron a Salto Grande por cuota política y no por capacidades técnicas.
2.- De los retiros anticipados
En el período 2005-2009 se aplicó un plan de retiro anticipado con el principal objetivo de optimizar y readecuar la plantilla. Significó un ahorro REAL para Uruguay porque se pasaba a pagar un porcentaje del salario y se anulaba la vacante. Fue un proceso voluntario y que requería el acuerdo de la línea jerárquica. No hay ninguna duda de que fue un proceso beneficioso para Uruguay y para Salto Grande. En los períodos siguientes hubo algunos casos puntuales o dirigidos, de acuerdos de desvinculación anticipada que, en caso de ser conveniente para la mejora de gestión y la economía del país, se llevaron adelante.
Los casos que se han hecho públicos recientemente y que vinculan a un delegado, a un asesor y al ex Secretario General, deben ser analizados más por el procedimiento que por los montos resultantes, aunque estos obviamente son importantes.
El caso de Carlos Gelpi: un empleado de Salto Grande, ascendido a un puesto de Asesor, creado especialmente con la categoría más alta del organismo, en junio de 2020 y que acordó un retiro anticipado en junio 2023, el que puede hacerse efectivo hasta el 1 de enero de 2025, asegurándose una buena suma para el período posterior. Nadie sabe qué tareas hace esta persona como asesor, ni dónde trabaja. Todo el mundo sabe que es alguien con vínculos históricos con el Partido Nacional además de ser un empresario de TV por abonados.
El caso del delegado Arcieri: empleado de Salto Grande desde los años noventa, fue designado Delegado por el actual Gobierno. Este directorio, integrado por el propio Arcieri, aprobó una modificación al estatuto de personal que le asegura al delegado, por ser funcionario de CTMSG, que al momento de finalizar su mandato como delegado deberá optar por un puesto de asesor con una categoría de las más altas del organismo o un retiro anticipado similar al anteriormente descrito.
El caso del ex Secretario General: una semana antes de otorgar licencia sin goce de sueldo a Nicolás Albertoni, entonces Secretario General de CTMSG que había ingresado en 2020 también por designación directa, la CTM aprobó una (otra) una modificación estatutaria que le garantiza que, cuando finalice su mandato como vicecanciller, deberá optar por un puesto de asesor con una categoría superior a la que tenía antes como secretario, o acogerse a un retiro anticipado similar a los anteriores. Vale la pena hacer una aclaración a este caso, el Sr. Albertoni no ha dicho que vaya a utilizar el beneficio otorgado por la CTMSG, pero llama la atención el momento en el que fue resuelto este cambio al estatuto, más aún cuando los secretarios generales de la CTMSG son quienes revisan y en algunos casos redactan las resoluciones que se envían al directorio.
3.- Por último
La prioridad en la gestión entre los años 2005 y 2019 estuvo puesta en: profesionalizar la gestión (calidad de RRHH, optimizar la estructura, modernización de sistemas informáticos, etc.), poner en valor la represa hidroeléctrica y el anillo de interconexión eléctrica con Argentina (se invirtieron casi U$S 90 Millones entre ambos países en los 15 años y se lanzó el proyecto Renovación Salto Grande que a través de un préstamo BID se propone renovar completamente el complejo hidroeléctrico) y recomponer el vínculo social con las comunidades, apostando a la cooperación institucional, buscando promover vínculos no paternalistas y cuidando los recursos, pero sin dar la espalda a la región. Podríamos hablar de otras cosas que se hicieron desde 2005 en adelante, como por ejemplo que se redujeron, por acuerdo entre ambos países, de 5 a 3 delegados las representaciones nacionales en el directorio de CTM; o que los delegados del FA renunciaron a parte de su salario para con los que crearon y financiaron a una fundación que ha contribuido al desarrollo local de pequeños emprendimientos laborales, etc.; pero la lista se haría extensa.
Salto Grande es muy importante para el país por varias razones: genera un porcentaje muy alto de la energía que Uruguay necesita, asegura la interconexión de 2000 MW con Argentina, regula la frecuencia del sistema eléctrico, mantiene más de 100 estaciones hidrometeorológicas aguas arriba de la represa, contribuye a la gestión ambiental del sistema rio-lago, tiene un activo de más de U$S 1000 millones y un largo etc. Lamentablemente la lista de hechos que cuestionan la buena administración pública en la actual administración es más extensa y abruma. Como en todas las organizaciones, lo más importante son las personas que trabajan en el día a día para hacer posible “el negocio”. Esa gente, la que aporta, la que tiene la camiseta puesta, es la que se ve más afectada por este desprestigio producto de ambiciones personales y visiones demasiado cortoplacistas y mezquinas. Ni hablar del daño que sufre el Estado por estas actitudes. Pero volviendo al principio, insisto, no hicimos lo mismo cuando nos tocó estar en ese lugar. Reciban mis saludos.
Gabriel Rodríguez Fleitas
