Ante la cita de la oposición por el rechazo al proyecto Neptuno, el ministro de Ambiente se mostró adepto a concurrir “de inmediato”.
El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño respondió a la intención de la oposición de interpelarlo debido a la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno.
Así, el secretario de Estado manifestó su “plena disposición” a concurrir “de inmediato o cuando se disponga” al Parlamento.
“Uruguay se merece toda la información, un debate serio y llegar a acuerdos con mirada larga para garantizar el acceso al agua potable de nuestra población”, tuiteó Ortuño y añadió que las obras resueltas por el gobierno “van en esa dirección”.
A su entender, la eventual interpelación “será una muy buena oportunidad para avanzar” en ese sentido.
El diputado colorado Walter Cervini será el miembro interpelante. Luego de que las autoridades del Ministerio de Ambiente concurrieran a la comisión para dialogar sobre la decisión de anular el proyecto Neptuno, el legislador sostuvo que la información brindada fue “insuficiente”.
El pasado 18 de julio las autoridades de gobierno anunciaron una alternativa proyecto Neptuno, impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que prevé suministrar agua potable en el área metropolitana y garantizarla hacia el 2045.
El pasado miércoles 30 de abril se dio la primera reunión entre las autoridades de gobierno y representantes de las empresas (Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast) luego de que se firmara la suspensión de los plazos establecidos para su puesta en marcha. Allí se generaron dos equipos de trabajo: uno que profundizaría en los aspectos técnicos del contrato y el otro en los jurídicos.
En este marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, remarcó que “de antemano se sabe” que a la actual administración no le “convence” el proyecto tal cual fue firmado por el gobierno anterior. “Pero como tenemos un marco contractual que te obliga como Estado; tenemos que ver cuáles son los espacios para cambiar ese proyecto hacia otra cosa”, remarcó el mandatario.
“Lo que le planteamos al consorcio es que, teniendo esta visión crítica con el proyecto, lo que planteamos y acordamos con el consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que oportunamente firmó el gobierno anterior”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a mediados de abril.
Durante esos tres meses se estableció una “mesa de trabajo permanente” para poder renegociar el contrato, indicó el jerarca en ese momento.
De esta forma, Sánchez reafirmó que el gobierno mantiene una visión “crítica” respecto a la iniciativa. “Entendemos que no es un proyecto oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el de garantizar el abastecimiento del agua potable para el área metropolitana”, sostuvo.
Según manifestó, “arriba de la mesa están todos los escenarios colocados”. Esto puede incluir desde la continuación de la iniciativa “con cambios”, pero también que el proyecto “no continúe” y “que se realicen otras obras”.
“Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero aquí tiene un marco jurídico (que nos establece el contrato), uno técnico y uno económico para ver cómo colocamos los distintos escenarios que están arriba de la mesa”, ratificó.
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