La Corte Electoral deberá resolver, con las condenas de ambos dirigentes blancos en la mano, si están habilitados o no para asumir sus cargos en la comuna artiguense.
La tormenta política que viven los blancos de Artigas no para. Sobre la cúpula del Partido Nacional en el departamento del norte recayeron cuatro condenas.
Una para Rodolfo Caram, primo del jefe comunal y exsecretario general del organismo, condenado junto a su pareja Stefany Severo por el caso del pago irregular de horas extras (lograron un acuerdo abreviado con el fiscal de Artigas Federico Rodríguez por un delito continuado de fraude. La pena a pagar es prisión de 24 meses sustituidos con una libertad a prueba de 10 meses de trabajo comunitario por cuatro horas.
Quedan inhabilitados por cinco años para ejercer tareas en la función pública y tendrán que abobar una multa de 1.000 unidades reajustables cada uno (alrededor de 40 mil dólares).
La tercera condena fue a las horas. El pasado martes 16 de julio fue imputado el intendente de Artigas, Pablo Caram, por omisión de funcionario a denunciar delitos.
La pena consiste en 14 meses de prisión, luego de un acuerdo abreviado, con una medida sustituida por libertad a prueba con 4 meses de tareas comunitarias a cumplirse en un régimen de dos horas semanales. Pero el acuerdo, en este caso, a diferencia de los anteriores, no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos ni multas.
Al día siguiente, la exdiputada nacionalista Valentina dos Santos fue condenada a 6 meses de prisión con libertad a prueba. Cumplirá dos meses de tareas comunitarias.
Dos Santos había renunciado a su banca de la Cámara de Diputados y al Partido Nacional, mientras que Caram solicitó al directorio blanco que su situación se analice por el Comité de Ética de su partido.
Caram aún no renunció a su cargo de intendente y aguarda la resolución de la Corte Electoral. En tanto, la exdiputada, suplente de Caram en la Intendencia y condenada en el mismo caso, analizará en estos días su situación, tanto jurídica como políticamente, según consigna El País. Antes del 27 de julio tomará una decisión.
¿Por qué fue condenada dos Santos?
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía y que terminó de convencer a la Justicia, la exlegisladora blanca “continuó ejerciendo injustificadamente funciones en el gobierno departamental en el cual antes se desempeñó” (durante el 2015-2019), mientras era diputada.
“Mantuvo un rol protagónico en lo que concierne a la toma de ciertas decisiones importantes en la Intendencia. En efecto, la indagada decidió quienes ingresaban, en qué cargo, límites de horas extras, personas que fueron cesadas, modificaciones contractuales, entre otras resoluciones”, indica la investigación.
Por lo cual, para el magistrado esto demostraba que dos Santos “asumió indebidamente funciones públicas que no le correspondían y que le eran completamente ajenas”.
“La diputada ejerció funciones ejecutivas dentro de la Intendencia Departamental, haciendo a un lado la independencia y autonomía con la que cuentan los gobiernos departamentales respecto del Poder Legislativo”, acotó en el informe al juez.
El monto del pago de las horas extras irregulares ascendería 8 millones de dólares.
