Según la Constitución de la República, el Gobierno Departamental está compuesto por el Legislativo Departamental (Junta) y el Ejecutivo Departamental (Intendencia). La Junta Departamental es el órgano legislativo y de contralor del Gobierno Departamental. Está compuesto por treinta y un miembros que, de acuerdo a la ley, se denominan Ediles. Los Ediles asumen sus funciones, de carácter honorario, sesenta días después de realizados los comicios departamentales por un período de cinco años, pudiendo ser reelectos.
Cuando asumimos el rol de Edil desde un principio lo hicimos bajo una impronta propositiva, es así que en la primera sesión presentamos un proyecto de “Alimentación digna y saludable”, el cual comprendía atender la emergencia alimentaria que afectaba nuestro departamento en el año 2020 fruto de la pandemia. La propuesta pretendía contar con múltiples puntos de atención a lo largo y ancho del territorio aprovechando la infraestructura ya existente como los: clubes deportivos, comercios, cantinas, salones parroquiales, incluso emprendimientos familiares, que en los más diversos puntos de la ciudad, sus barrios y de otras localidades, se dedican a elaborar y vender comida.
De esta forma se ahorraba el costo de instalación de un solo comedor centralizado en la cuidad y de funcionamiento, de insumos, sueldos, cargas sociales, controles y se evitaba una compleja administración. La intervención pública se limitaría a definir los beneficiarios del servicio y quienes estarían en condiciones de brindarlo, para lo cual se requiera contar con un pequeño grupo de Trabajadores Sociales y Nutricionistas, que deberían seleccionar los beneficiarios, estableciendo contraprestaciones cuando sea necesario, y controlar el cumplimiento del servicio dentro de los parámetros establecidos, en cuanto a higiene de los procesos de elaboración, entrega, cantidad y calidad de los alimentos.
Bajo esta propuesta pretendíamos que el Gobierno otorgue un ticket de alimentación a los beneficiarios y los mismos levantaran la comida en los lugares habilitados. Además de los propios usuarios del servicio, también se beneficiarían pequeños comercios y gente modesta, que ha hecho de la venta de comida su medio de vida. Incluso, parte del dinero que recibirían como pago regresaría a las arcas públicas por los pagos de contribuciones, patentes, carnets de salud y otros tributos. Entendíamos que una menor cantidad dinero brindaría un servicio superior y tendría un efecto redistributivo mayor en la economía del departamento. En vez de ser una carga muerta para los contribuyentes, se crearía una fuente de trabajo productiva que ayudaría a reactivar la economía de Salto.
En ese marco de propuestas también presentamos un proyecto ante la inquietud de distintos vecinos para modificar el valor actual de las multas por ruidos molestos, siendo el mismo actualmente de un valor irrisorio. Entendemos que si modificamos el valor de las multas le daremos mejores herramientas a los funcionarios municipales que ejercen la tarea de contralor en esta tarea y podemos combatir un problema que aqueja a distintos vecinos afectados por ruidos molestos.
Además de propuestas marcamos nuestra postura ante temas que entendíamos que perjudicaban a los salteños pero principalmente a los que menos tienen, es por esto que nos opusimos y votamos en contra de los artículos del presupuesto donde se cambia el criterio en el cobro de la tasa de alumbrado público. Anteriormente por iniciativa del primer Gobierno departamental del Frente Amplio se cobraba el alumbrado público sobre el valor del precio real del inmueble (un porcentaje del valor del mismo), es así que los que tenían una vivienda de mayor valor pagaban más y los que tenían una vivienda más modesta pagaban menos. En este presupuesto se pasó a cobrar en función de la zona donde está ubicada la casa, esto ocasionó que los que más tienen terminaron pagando menos de alumbrado público y los que menos tienen pagando más de lo que pagaban anteriormente. Pero en este tema no nos quedamos solo en la critica votando en contra en solitario, sino que ante este cambio que perjudicaban a las familias más humildes propusimos junto con algunos ediles de la bancada rebajar un cincuenta por ciento el tasa de alumbrado público para las viviendas con características de un plano económico.
Si bien los Ediles somos legisladores departamentales, así como hicimos varios planteos ante reclamos de vecinos hacia la Intendencia, frente a un gobierno nacional con muchos retrocesos no nos limitamos a los temas locales y usamos nuestra banca para denunciar el desmantelamiento de muchas de las políticas sociales y culturales que repercuten en nuestra gente. Por nombrar algunas el cierre de los Centros Mec una política cultural descentralizadora, el cierre de los SOCAT, el desmantelamiento del Corredor de los Pájaros Pintados un proyecto que continuó obteniendo premios internacionales por promover el turismo responsable en América Latina.
Por sobre todas las cosas como Seregnistas siempre seguimos la premisa: “De decir lo que se piensa y de hacer lo que se dice”, por eso siempre desde nuestro lugar manifestamos la necesidad de ser tranparentes y no transamos cuando se trata de violentar principios históricos como: la justicia tributaria, el cumplimiento del programa de gobierno del Frente Amplio, las normas medioambientales y de hábitat. No es una tarea fácil resumir en pocas líneas la tarea realizada en estos años pero estamos convencidos que eso lo debemos hacer frente a la población porque a este lugar llegamos por el voto popular. Por eso desde el primer día asumimos esta tarea con responsabilidad y nos comprometemos a seguir por la misma senda hasta el último día de este período.
Prof. Gabriel Scabino
Edil del Frente Amplio
