Teléfono, documento, dirección donde residen sus hijos, redes sociales con 40.000 seguidores. Incluso las comunicaciones. La pesquisa secreta no autorizada por Fiscalía sobre Eduardo Preve deberá ser explicada por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en la próxima comparecencia a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Parlamento. El secretario de Estado conoce la investigación sobre el periodista desde el 9 de noviembre de 2023.
“Dos cosas que me impactaron fuertemente”, avanzó Preve al inicio de su habitual columna “La Tapadita”.
“Una, fue ver en la investigación la dirección donde viven mis hijos pequeños”, alertó. “Lo otro, quizás, es más personal y afectivo: aparece una fotografía con mi padre, que absolutamente nada tiene que ver con estas cuestiones”, subrayó el periodista. Durante los siguientes 40 minutos, Preve presentó un cúmulo de pruebas que confirman la investigación sobre sus vínculos más cercanos para detectar filtraciones dentro de Inteligencia policial.
Esta pesquisa, revelada el martes 5 en M24, es conocida por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. El 9 de noviembre de 2023 “es puesto en conocimiento” del contenido del expediente. Los documentos contienen todos los datos del periodista, tanto los personales como la dirección donde vive su familia, sus fotografías del Sistema de Gestión de Seguridad Policial, el documento que indica que no tiene antecedentes ni indagatorias y un análisis de sus perfiles de redes sociales.
Entre los documentos que firmó Martinelli, se encuentra el inicio de un sumario administrativo contra la persona que la investigación intentó identificar como posible fuente, añadió el periodista.
El caso de las escuchas robadas al sistema de interceptación de llamadas “El Guardián” por la investigación del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, madre del anterior ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue el detonante. Allí se estableció que dos policías de Inteligencia copiaron escuchas sin autorización, lo que motivó la inmediata separación de ambos del caso. Uno de ellos es Silcar Lara, hijo de un oficial de Inteligencia en 1978. El excomisario Ricardo Zabala fue identificado como coautor del homicidio por el cual fueron enviadas tres botellas de vino envenenadas con Fosdrin y cuya pericia dactilar se perdió durante diez años.
Martinelli al Parlamento por pesquisa secreta a Eduardo Preve
En la tarde del martes el Frente Amplio informó que llamará al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para que informe a la Comisión Bicameral de Inteligencia para constatar que esta pesquisa se realizó. De confirmarse, quedaría establecido que el Estado uruguayo utiliza sus instrumentos para perseguir los datos profesionales y personales de periodistas, destacó el legislador Mariano Tucci.
Como antecedente está la participación del ministro Martinelli en un evento organizado por Bloomsbury Policy Group. Su disertación integró el panel denominado “Filtraciones. En casos penales y juicios mediáticos: lo público, lo privado y lo reservado”. En ese ámbito, dijo que las filtraciones “erosionan” el Estado de derecho y la calidad democrática.
Fiscalía confirmó que la solicitud de indagatoria al periodista no surgió desde sus oficinas.
Preocupa restricciones a la libertad de prensa en Uruguay, subrayó Amnistía Internacional
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las limitaciones al derecho al acceso a la información pública, punto que tiene alto impacto en la transparencia del Estado. También rememoró la preocupación que el Comité de la ONU marcó en julio de 2022 por el aumento de la persecución penal y las amenazas a periodistas.
Lo hizo en la previa a la revisión anual de Derechos Humanos que elabora el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí fue incluido un petitorio para que el Gobierno “garantice” a los periodistas el ejercicio de su derecho a la libertad de prensa “sin restricciones” y también el respeto al libre ejercicio de la labor periodística. Además, planteó que el país debe establecer procedimientos para el acceso efectivo y oportuno a la información, y proporcionar proactivamente información de interés público.
Amnistía Internacional reveló preocupación por restricciones a la libertad de prensa en Uruguay