La iniciativa presentada en el Parlamento por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) promueve un sistema de apoyos y garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica. La propuesta representa un gran avance hacia una sociedad más inclusiva y con una democracia plena, destacó la directora de Discapacidad del Mides, Karen Sass.
La presentación del proyecto de ley para regular los apoyos y salvaguardias a fin de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones se realizó este martes 23 en el Palacio Legislativo, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alejandro Sciarra; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, y el asesor del UNFPA Juan Meré, entre otras autoridades nacionales y legislativas.
El proyecto resulta de un trabajo interinstitucional realizado durante más de dos años, liderado por la Dirección de Discapacidad del Mides y el UNFPA. Además, participaron el Poder Judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, entre otros organismos y organizaciones de la sociedad civil.
Argimón destacó, en su oratoria, la importancia de la iniciativa para avanzar en el efectivo ejercicio de los derechos de todos y lograr una sociedad realmente inclusiva. “Cuanto más trabajemos en los marcos normativos, más nos acercaremos a ese objetivo”, afirmó.
Sass sostuvo que el proyecto de ley representa un hito, porque focaliza en las personas con discapacidad para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia. Añadió que se busca adecuar la normativa interna a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en sus artículos 12 y 13, encomienda a los países avanzar hacia sistemas de apoyos y salvaguardias correspondientes.
En ese sentido, explicó que se propone eliminar el modelo de sustitución en la toma de decisiones, que afecta a más de 10.000 personas declaradas incapaces, mediante la figura del curador y crear un sistema de apoyos, en que se designe a una persona que acompañe y contemple la voluntad, las preferencias y las decisiones de las personas con discapacidad. “El objetivo es brindar todos las asistencias que se requieran para lograr el pleno ejercicio de su capacidad jurídica y con las garantías necesarias”, precisó.
Asimismo, señaló que todas las modificaciones a las normativas actuales y las políticas públicas que impulsa la Dirección de Discapacidad incluyen una perspectiva social del tema y no se centran en las limitaciones de la persona, sino en la eliminación de barreras del ambiente y los prejuicios sociales.
Para que haya una verdadera transformación social, debe haber acuerdos entre todos los actores involucrados en avanzar en la eliminación de barreras que permitan cambiar los entornos, volverlos inclusivos y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de este sector de la población, aseveró.
