La ciudadanía asiste impotente al último acto de una saga de malas decisiones por parte del gobierno nacional en relación con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG). La prometida renuncia de los ediles blancos, solicitada por el Parlamento, sigue sin materializarse, mientras la gestión de recursos públicos en Salto Grande parece ser un juego donde el gobierno se ríe en la cara de la gente.
La interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al ex ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en octubre pasado debería haber marcado el inicio de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la realidad parece desvanecer esa esperanza.
En medio de este conflicto, nos encontramos con la noticia de un aumento del 3% adicional en Salto Grande. ¿Cómo es posible que aquellos que debían renunciar como respuesta a un pedido del Parlamento ahora sean recompensados con un aumento salarial? Esto representa no solo un desdén por las normas y la ética, sino también una afrenta directa a la ciudadanía que clama por responsabilidad.
La magnitud del descalabro financiero se hace evidente cuando se revela que esta decisión implica un desembolso adicional de aproximadamente 750.000 dólares del presupuesto de Salto Grande. En medio de necesidades apremiantes en diversos sectores, esta cifra resulta no solo irresponsable sino también inaceptable.
La visita presidencial a Salto, bajo la promesa de poner fin a los despilfarros, deja un sabor amargo. Se nos aseguró que no se continuaría con las irregularidades, y sin embargo, ahora nos enteramos de una transferencia subsidiada de 200 millones de pesos a Salto Grande. Esto no es solo una traición a la confianza de los salteños, sino también un desprecio por las necesidades reales de la población.
En el contexto de la crisis económica y el desempleo en la región, este tipo de decisiones solo profundizan las heridas. Podríamos haber construido escuelas, invertido en desarrollo local y generado empleo con los 200 millones de pesos despilfarrados en Salto Grande.
La situación de la CTMSG no parece tener fin, y el gobierno debe rendir cuentas de manera adecuada. No se trata solo de errores puntuales, sino de una gestión lamentable de recursos públicos que afecta directamente a los ciudadanos. La población merece respuestas claras y acciones concretas.
Este es más que un simple problema administrativo; es una muestra flagrante de clientelismo y mal manejo de los recursos destinados a contribuir al país desde Salto Grande. La población no debería cargar con las consecuencias de la celebración de los blanquicolorados. A su vez, los propios funcionarios de carrera de Salto Grande son los que han denunciado este “asalto grande”.
La única manera de enmendar esta afrenta es abordar el asunto con transparencia, decisión y ética. Las declaraciones vacías ya no son suficientes; es hora de acciones concretas para reconstruir la confianza y garantizar que Salto Grande cumpla su función de contribuir al desarrollo del país, no ser un agujero negro de despilfarro financiero.
Álvaro Lima
Diputado Nacional
