Pablo Elizalde, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (archivo, julio de 2021) / Foto: Federico Gutiérrez
Funcionarios judiciales valoraron la decisión pero lamentan que haya respondido a presiones políticas.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó en suspenso la decisión que había tomado la semana pasada de cerrar 20 juzgados de paz en el interior del país, luego de que la decisión fuera criticada por los funcionarios del Poder Judicial y legisladores de la oposición y el oficialismo de las zonas afectadas.
En un comunicado publicado este lunes, la SCJ informó que queda sin efecto el cierre de los juzgados de paz en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres, previsto para el 1° de octubre.
Los ministros fundamentaron su cambio de parecer en “posturas publicitadas por diferentes actores institucionales”, que plantean la necesidad de “abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales”.
La decisión se había tomado considerando la baja carga de trabajo y la necesidad de volcar los 13 millones de pesos en costos operativos de esas sedes al resto del Poder Judicial.
En diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, respaldó la suspensión del cierre de las sedes judiciales, pero advirtió el desconcierto que genera en el ámbito judicial cuando sale una acordada que suspende la anterior con pocos días de diferencia.
“El fondo de la situación no está resuelto; esto es una salida elegante para un problema político”, señaló.
Elizalde agregó que parte del problema es que el Poder Judicial recibió la misma asignación presupuestal que en 2019, sin ajuste por inflación, pero a su vez cuestionó los criterios de la SCJ para definir cuál juzgado cerraría y puso como ejemplo que uno de los que se pensaba cerrar era el de Aceguá, cuando no hay otro juzgado a 60 kilómetros y es una localidad fronteriza.
“Si yo saco la autoridad civil de la frontera del país, estoy dando una señal compleja (…) Tiene que haber una discusión profunda del Poder Judicial, tenemos que pensar qué Justicia queremos”, comentó.
Además, señaló que si bien la situación se conoció por los cuestionamientos de los funcionarios, entiende que los ministros de la SCJ responden a presiones de los legisladores.
El fin de semana la bancada de senadores del Partido Nacional definió convocar a los ministros de la SCJ a la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta para intentar revertir la situación. Consultado por la diaria el senador Sebastián da Silva expresó su conformidad por la marcha atrás de la SCJ porque era “una injusticia” la eliminación de esos juzgados de paz, y señaló que se trató de una decisión que “adolece de criterios básicos de geografía, de logística y de transporte”, debido a que fusionaban juzgados “que ni siquiera tenían líneas regulares de transporte que conectaran un pueblo con el otro”.
Da Silva dijo que es necesario un diálogo fluido entre los poderes del Estado. “Habrá que reunirse y encontrarle una solución definitiva (…) diálogo no implica intromisión”, aclaró.
En la mañana del lunes los ministros de la SCJ recibieron la convocatoria a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la reestructura.
La presidenta de la Comisión, la diputada frenteamplista Cecilia Bottino, dijo a la diaria que pese a la marcha atrás la convocatoria, prevista para el 1° de setiembre, sigue en pie. “Más allá de esta resolución queremos saber cuáles fueron los motivos y por qué se volvió para atrás”, señaló Bottino.
Además, planteó que también fueron convocados representantes de la AFJU, de la Asociación de Defensores de Oficio y de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, quienes también expresaron su rechazo a la eliminación de los juzgados.
Sin embargo, en la tarde del lunes la bancada de legisladores del Partido Nacional planteó dejar sin efecto la convocatoria que habían realizado a las comisiones parlamentarias, pedir una entrevista con los ministros fuera del ámbito parlamentario e iniciar una ronda de conversaciones con la AFMU, Adepu, la Asociación de Magistrados del Uruguay y el Colegio de Abogados.
Bottino lamentó el pronunciamiento de la bancada del PN y señaló que es necesario recibir en comisión a los ministros, más considerando el hecho de que en la fundamentación de la reestructura la SCJ planteó que debe utilizar sus recursos en los juzgados especializados en género.
“No puede decir que como no les dieron los recursos para los juzgados de género tiene que suprimir los juzgados de paz, porque pone de rehén a las mujeres. No es nada inocuo, tiene un mensaje político muy firme”, comentó.
Si bien la convocatoria ya fue realizada, y habitualmente es la presidencia la que define el orden del día, la convocatoria puede ser cancelada por mayoría simple.
A todo esto, el presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, espera reunirse el miércoles con los funcionarios judiciales para analizar los pasos a seguir y si efectivamente se van a abrir espacios de negociación para definir la reestructura.
La propuesta de la SCJ planteaba la eliminación del juzgado de Baltasar Brum, que pasaba a funcionar en Tomás Gomensoro. El juzgado de Los Cerrillos pasaba a funcionar en Santa Lucía, el de Migues y el de Tala pasaban a funcionar en el juzgado de San Jacinto. El juzgado de paz de Sauce pasaba a Santa Rosa, el de Soca a La Floresta y el de Progreso al de primer y segundo turno del de Las Piedras. El juzgado de Aceguá pasaba a funcionar en Melo, el de Nueva Helvecia en Colonia Valdense, el de Tarariras en Colonia del Sacramento y el de Florencio Sánchez en Cardona. También trasladaba el de 25 de Mayo a la ciudad de Florida, el de Solís de Mataojo a Minas, el de Piriápolis a Pan de Azúcar, el de Tranqueras a Masoller, el de Cebollatí a Lascano, el de Castillos a Rocha, el de Villa Rodríguez a Libertad y el de Cerro Chato a José Batlle y Ordóñez.
Una mesa chica
Para el diputado nacionalista por Colonia, Mario Colman, los reclamos efectuados “por un amplio abanico de sectores” permitió que la SCJ finalmente modificara su postura. “La SCJ detuvo el cierre de los juzgados para analizar con más tiempo el camino a emprender” en el marco de la política de reorganización territorial. “No decimos que esté todo solucionado, pero se hará una mesa chica para estudiarlo y solucionar algunos temas planteados”, aclaró.
Colman dijo que la determinación de la SCJ de cerrar varios juzgados en el interior del país también está relacionada “al descenso de actividades que actualmente realizan esas sedes y que pasarán al ámbito de las alcaldías, como los casamientos y los registros, entre otras”, más allá de la necesidad de reducir el presupuesto de funcionamiento.
Según el diputado coloniense, el momento elegido por la SCJ para anunciar el cierre de los juzgados de paz “no fue oportuno, porque se dio en medio de la discusión de la rendición de cuentas”. Agregó que el actual gobierno “mantuvo” el presupuesto que tuvo la SCJ en períodos anteriores y “redireccionó 600 millones de pesos para pagar el histórico juicio que ganaron los funcionarios del Poder Judicial y que no fue abonado por los gobiernos anteriores”.
