El proyecto de ley que votó el Senado era en principio solo para la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, pero se extendió a las demás comisiones binacionales. Denuncias de clientelismo político de fondo.
El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que le prohíbe a los delegados de Uruguay en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande hacer política partidaria mientras ocupan esos cargos, y los obliga a renunciar un año antes de las elecciones nacionales si aspiran a ser candidatos cargos elegidos por la ciudadanía.
El senador Jorge Gandini del Partido Nacional fue quien presentó el proyecto de ley, específico para los delegados que representan a Uruguay en Salto Grande.
Tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado apoyaron el proyecto y plantearon que se extienda a las demás comisiones binacionales, como la del Río Uruguay y la del Río de la Plata. Lo mismo se planteó para las comisiones binacionales con Brasil.
En esa línea se expresaron los senadores Daniel Caggiani del FA y Germán Coutinho, del Partido Colorado. Y en el mismo sentido habló luego el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto.
En la redacción final del proyecto de ley se dejó afuera a las comisiones binacionales cuyos delegados son honorarios, como la de la Laguna Merín, con Brasil.
Salto Grande
El proyecto de ley aprobado extiende a los delegados de Uruguay en las comisiones binacionales la prohibición de hacer política partidaria que ya existe para los directores y presidentes de directorios de entes autónomos y servicios descentralizados, como las empresas estatales UTE, OSE y ANTEL, o la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La bancada del Frente Amplio planteó además – y fue aceptado por todos los partidos – que la designación de los delegados de Uruguay en las comisiones binacionales sea aprobada por tres quintos del Senado. La cargos son designados por el Poder Ejecutivo, pero deberán tener de ahora en más aprobación del Senado por mayoría especial.
Este proyecto de ley viene precedido de la polémica que generó la denuncia de clientelismo político en Salto Grande, con contrataciones directas a ediles blancos y colorados por parte del ex presidente de la delegación uruguaya Carlos Albisu, quien finalmente renunció antes de la interpelación que el FA le hizo a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía).
