Comienza el 2023 y venimos arrastrando una dura situación que sigue afectando a miles y miles de familias de nuestro país: la constante inflación y la permanente carestía de todos los productos básicos, sumado a la dura situación que vive nuestra frontera. Todo producto de un Estado ausente que ha decidido borrarse de todo tipo de ayuda a los sectores menos favorecidos de la población, pero que además ha decidido olvidarse de la clase media.
¿Quién le pone el cascabel al gato? El año pasado la inflación anual cerró en 8,3%, por encima del techo del rango meta del gobierno (6%). En el año recién finalizado, el IPC comenzó en 8% y tuvo un proceso de suba casi constante hasta setiembre, cuando llegó a 9,95%, el mayor nivel desde 2020.
Pero ¿cuál ha sido el rol del gobierno en todo esto? Si bien existen factores que provienen del exterior y que no pueden ser modificados, como el alza de las frutas y verduras, que en 2022 fue de 24.6%, el gobierno sí puede tomar medidas especiales para paliar la suba que han tenido los alimentos y poco o nada ha hecho. Para empezar, en nuestro departamento de Salto, el gobierno nacional ha decidido no entregar ningún tipo de ayuda a las ollas populares y merenderos del departamento. Tampoco se han obtenido incentivos fiscales para ciertas verduras y frutas que son de consumo básico en la dieta de los uruguayos. ¿Acaso subieron también un 24.6% los salarios? No, y de la falta de capacidad de alimentación de nuestra población el gobierno nacional no se hace cargo.
Pero la alimentación no es el único factor que está afectando a nuestros vecinos y vecinas. El gobierno ha decidido hacer caso omiso a las solicitudes permanentes de más subsidios y rebajas a los combustibles. Durante el año 2022 los combustibles aumentaron un 13.6% y en lo que va del inicio del gobierno pasó de 50 pesos el litro a prácticamente 80 pesos durante 2022. ¿Y este ajuste escandaloso quién lo paga? La gente, cuya suerte queda librada a las fuerzas del mercado que tienden a beneficiar a los mismos de siempre.
Y todo esto ocurre dando la espalda a la ciudadanía, sin ninguna política social activa que permita paliar la dura situación que dejan la suba de estas tarifas y un Estado Ausente. La situación en los departamentos de frontera como el nuestro se hace peor. La situación que enfrentan los pequeños comerciantes de Salto solo agrava las duras condiciones económicas que se están viviendo. Esperamos meses, pero la realidad es incambiada. Salvo el IMESI no hay una política clara de frontera.
Pero además de la dura situación de los comerciantes, se suma la crítica situación de una parte de la población que no alcanza a parar la olla. Y eso es lo que pasa en nuestro Departamento. La Red de Ollas Solidarias y Merenderos de Salto no recibe apoyo del MIDES desde hace un año. Pese a que se ha pedido ayuda en numerosas ocasiones, esta red compuesta por 21 ollas solidarias y 18 merenderos ubicados en distintos puntos de la ciudad, atiende brindando semanalmente varios miles de platos de comida a personas de distintas edades, entre ellas niños, niñas y adolescentes.
Y ante eso los gobiernos locales y la sociedad es la que han dado la cara y puesto lo mejor de sí para mejorar su situación. La Intendencia mensualmente entrega $250.000 por mes para que se adquieran alimentos, combustible y todos los insumos necesarios para el funcionamiento de las ollas populares. ¿Y qué es lo que aporta el MIDES? Nada.
¿Y qué es lo que aporta la gente? Mucho, primero a través de sus impuestos que se destinan en una parte a esta política social. Por otro lado, es la propia gente de Salto que hace su aporte a través de recolecciones de alimentos no perecederos que son donados a esta red solidaria.
¿Y qué aporta el gobierno nacional? Nada. Lo claro y concreto es que las tarifas suben, la carestía de la vida complica la vida de nuestras familias más necesitadas y hace un año que el gobierno nacional no entrega un kilo de arroz a este colectivo de ollas populares en Salto que nuclea a tantos salteños, familias con dificultades alimentarias.
Ante esta situación reiteramos desde nuestro rol de representantes el llamado al gobierno nacional para que se atiendan estas situaciones que dejan en un callejón sin salida a la clase media de nuestro país.
