Felizmente llovió y parecería que comienza a normalizarse la situación.
Es por todos sabido los problemas que traen las sequías.
Estos fenómenos climáticos, asociados a la falta de agua, tienen la particularidad que la escasez se manifiesta a lo largo del tiempo y no de un día para otro.
Se pueden monitorear y gestionar con medidas paulatinas.
Pero, todas las secas afectan de distinta manera, esta vez le tocó no solo al sector agropecuario, sino también al suministro de agua potable a la población urbana del área metropolitana, la mitad de los uruguayos.
Se requirieron medidas. Los primeros tuvieron algunas respuestas tempranas a partir de la declaración de emergencia agropecuaria en marzo de 2020. Los últimos se la vieron en figuritas para conseguir agua potable por más de dos meses.
El actual presidente de OSE, cuando asumió manifestó la necesidad de continuar con el Proyecto Casupá, la construcción de una represa para contar con una reserva de agua para usar en este tipo de circunstancias.
Un proyecto que el anterior Gobierno desarrolló y Tabaré Vázquez se lo dio en mano a Lacalle Pou luego de las elecciones junto con el financiamiento aprobado por CAF a fines de 2019.
Sin embargo, con el correr de los meses, el Gobierno pidió reiteradamente prorroga al plazo para definir si se acepta el crédito y se orientaron al Proyecto Arazatí, una propuesta de privados para sacar agua del Río de la Plata.
No pretendo en esta nota ingresar en la comparación de estas alternativas. Seguramente en otra oportunidad.
Quiero destacar algunas cuestiones vinculadas al manejo que realizó el Gobierno de la situación.
En primer lugar faltó comprender la realidad que se vivió y como se desarrollaba la sequía a lo largo del tiempo.
Esta especie de alienación, le impidió tomar medidas acertadas, algunas por malas e inconvenientes y otras porque llegaron a destiempo. Todos vimos cambiar los valores admisibles para que el agua sea potable, la novela en cuanto al traslado desde Estados Unidos de la planta desalinizadora de la UTEC, la posibilidad de trasvasar agua de una cuenca a otra.
Cambiar los valores de admisibilidad para el agua potable es como si a partir de los análisis médicos resolvemos no tomar medidas porque nos inventamos parámetros de acuerdo a un criterio propio y no a lo que corresponde según lo que la ciencia determina como adecuados.
La desalinizadora, que venía en los Hércules, que en barco, que en 15 días, en fin.
El trasvase de cuenca, o sea llevar agua de una cuenca a otra, de un arroyo a otro, fue una medida absolutamente fuera de tiempo. Si era una solución, queda claro que se debió durante el verano y ejecutar a más tardar en abril.
Ahora, por suerte llovió, muchos de estos problemas quedaran como una anécdota, pero no debería pasar sin ninguna enseñanza ni responsabilidad para nadie.
El acceso al agua potable es un derecho humano, fundamental para la vida, pero también la Constitución de la República la pone como una obligación del Estado proporcionar “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” .
El Gobierno debe asumir su responsabilidad, pero desde marzo critican e intentan atribuirla al Frente Amplio por no construir la represa cuando la omisión es de este gobierno que asumió en 2020 pero en tres años no hizo lo que debió y trata de pateando para el costado, culpar a otros de sus propias negligencias.
Podrá ensayar variadas excusas, pero objetivamente no estuvo a la altura de las circunstancias.
El SINAE, Sistema Nacional de Emergencias, que depende directamente del Secretario de Presidencia fue el gran ausente. Es quien debería sacar las mayores enseñanzas.
En estos días, un comunicado de la CTM de Salto Grande alerta por posibles inundaciones con evacuados para octubre, ¿vamos a dejar que nuevamente el agua nos pase por arriba?
Arq. Rogelio Texeira
Director de obras I. de Salto (2005-2010); Delegado uruguayo ante CARU (2015-2020)
