Comenzamos el 2024 y no paramos de escuchar noticias terribles respecto a la inseguridad en todo el Uruguay, pero particularmente en nuestro Departamento y otras zonas del interior. Esta realidad ilustra la falta de rumbo y de cambio que se ve en materia de seguridad en todo el país, pero que afecta la cotidianeidad de nuestros vecinos.
Ya a esta altura tenemos la incómoda pregunta: ¿Es capaz el gobierno de combatir el crimen organizado?Hemos exigido hasta el cansancio una revisión exhaustiva de las estrategias, pero no recibimos respuestas. Es imperativo cambiar el enfoque actual hacia tecnologías avanzadas, el fortalecimiento de los cuerpos policiales y la implementación de nuevos procedimientos.
La seguridad no se soluciona mágicamente; se requieren políticas de Estado concretas para abordar los problemas de inseguridad, delincuencia y narcotráfico.
En primer lugar, resulta fundamental que el gobierno adopte tecnologías modernas para potenciar la capacidad de la policía en la prevención y resolución de crímenes. La implementación de sistemas avanzados de videovigilancia podría ser una herramienta valiosa para monitorear y combatir la actividad del crimen organizado. Aunque Uruguay avanzó significativamente durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se necesita un impulso adicional, tomando como ejemplo ciudades que han logrado reducciones significativas en la criminalidad mediante la adopción masiva de estas tecnologías, asegurando al mismo tiempo un monitoreo eficiente y respetuoso de los derechos civiles.
En segundo lugar, la profesionalización de la policía es esencial para hacer frente a la creciente amenaza del crimen organizado. No se trata simplemente de aumentar los números de agentes, sino de garantizar que estos estén debidamente capacitados y equipados para abordar las complejidades del crimen organizado. La inversión en formación continua, especialización y actualización de habilidades debe ser una prioridad. Un cuerpo policial más profesionalizado puede adaptarse mejor a las tácticas cambiantes del crimen organizado y mantenerse un paso adelante en esta lucha constante. Además, es necesario aumentar la cantidad de policías en el territorio, convirtiendo recursos existentes para lograrlo.
Finalmente, es crucial reconocer que combatir el crimen organizado no puede ser un esfuerzo aislado. Uruguay debe buscar activamente la colaboración de la cooperación internacional para mejorar sus procesos y fortalecer su capacidad de respuesta. La cooperación internacional no sólo proporciona recursos adicionales, sino también una perspectiva global que puede enriquecer las estrategias locales. Uruguay tiene la oportunidad de revertir esta tendencia preocupante y fortalecer sus capacidades en la lucha contra el crimen organizado mediante la adopción de tecnologías modernas, la profesionalización de la policía y la colaboración internacional.
Para asegurar la efectividad de estas medidas, es necesario involucrar a diversas partes interesadas en un diálogo nacional. Convocar a una mesa de diálogo con todos los partidos políticos, la policía, organizaciones sociales, la academia y la comunidad internacional permitirá tomar decisiones basadas en evidencia y garantizar un enfoque integral para proteger a los ciudadanos y construir un futuro más seguro.
Sumados a otros líos como el de las contrataciones que no caen en Salto Grande, hoy el gobierno nos deja presos a nosotros, la ciudadanía de a pie, que no tiene herramientas para defenderse ante esta pandemia de la inseguridad.
Álvaro Lima
Diputado Nacional
