Carlos Araújo aún debe cumplir cuatro años de cárcel más en suelo oriental. Si bien el pedido fue procedente, la entrega no será inmediata.
La Justicia Federal de Concordia declaró procedente la extradición a Uruguay de Carlos Damián Araújo, un ciudadano uruguayo que se encontraba cumpliendo condena en una cárcel del departamento de Salto y se fugó a la ciudad fronteriza de Argentina tras ser intervenido quirúrgicamente en marzo.
Según consignó el medio local Concordia Policiales, la resolución fue dictada este miércoles por la jueza federal Analía Ramponi, quien determinó que el pedido formulado por las autoridades uruguayas cumplía con los requisitos establecidos en el tratado bilateral de extradición y en la ley de cooperación internacional en materia penal.
Araújo había sido condenado en Uruguay a cinco años y seis meses de prisión como autor de receptación, dos delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y reiterados hechos de suministro de estupefacientes. Tras darse a la fuga, le restaban más de cuatro años de pena por cumplir.
Según la investigación judicial, el caso se originó a partir de la sustracción de 34 proyectiles calibre 9 milímetros pertenecientes a un funcionario policial, que habrían sido intercambiados por pasta base. Durante un allanamiento en su vivienda se secuestraron armas, municiones y drogas.
Araújo fue localizado el pasado 23 de marzo de este año durante un operativo realizado por la Policía de Concordia. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol emitida a pedido de la Justicia de Salto. Al momento de su captura se le incautaron estupefacientes, municiones, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Más allá de la habilitación, la entrega no será inmediata. El citado medio consignó que la jueza, en la audiencia, también ordenó que el tiempo de detención en Argentina sea informado a las autoridades uruguayas para su eventual cómputo en la pena, a solicitud de la defensa a cargo del abogado Martín Lombardo.
Araújo enfrenta una causa en la provincia de Entre Ríos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, investigada por el fiscal Martín Núñez. Por eso, la situación deberá ser evaluada por el Poder Ejecutivo, que definirá el momento y la modalidad en que se concretará la entrega.
