El oficialismo define la medida como un refuerzo logístico necesario garantizar el ingreso del Estado a zonas de conflicto. Mientras desde el PN y el PC celebran el cambio en la estrategia de seguridad, CA cuestiona el marco jurídico.
El Gobierno anunció la implementación de un convenio con el Ministerio de Defensa para utilizar vehículos blindados del Ejército Nacional en operativos de la Policía en barrios críticos de Montevideo y hay visones divididas en el espectro político.
La medida contempla el uso de 12 unidades Mamba MK7, donadas por Estados Unidos y valuadas en 11 millones de dólares, para reforzar operativos como «Dominio» o «Atenea», enfocados en el combate al crimen organizado y tareas de inteligencia. Según los detalles brindados, los blindados serán conducidos por efectivos militares debido a su formación especializada, pero operarán bajo el mando de la Policía Nacional.
Actualmente, el Poder Ejecutivo trabaja en el marco legal necesario para autorizar que un oficial policial dé órdenes a personal militar y para determinar bajo qué condiciones los efectivos de Defensa —quienes estarán armados— podrán utilizar su arma de reglamento ante posibles amenazas.
La visión del oficialismo: logística y acceso territorial
Desde el Frente Amplio, fuerza política de gobierno, se enfatizó que esta medida no representa una militarización de la seguridad pública. La senadora oficialista Bettiana Díaz aclaró que el Estado debe poder ingresar a todos los barrios y que la incorporación de estas unidades responde estrictamente a un «apoyo logístico».
Díaz fundamentó la decisión señalando que los vehículos policiales convencionales sufren daños importantes cuando deben ingresar a zonas de conflicto o tiroteos, por lo que los blindados ofrecen una protección necesaria para el despliegue de los efectivos en el territorio.
«El Estado tiene que poder entrar a todos los barrios. Esto no tiene nada que ver con conjuntar fuerzas, no tiene nada que ver con militarizar a la policía, sino que es un apoyo logístico. Porque los vehículos realmente este son muy afectados cuando, por ejemplo, se entra, se ingresa en un barrio, en una zona de tiroteo», declaró Díaz.
Reacciones en la oposición: entre el respaldo y las advertencias
La propuesta fue recibida positivamente por legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, quienes la interpretan como un giro necesario en la política de seguridad. El senador nacionalista Sebastián da Silva celebró el anuncio calificándolo como un «uso eficiente» de los recursos del Estado. Da Silva abogó por profundizar esta línea de acción, sugiriendo la incorporación de francotiradores policiales y comandos militares de alta preparación para enfrentar a la delincuencia, e incluso planteó la posibilidad de aplicar un «toque de queda» en zonas específicas si fuera necesario.
En sintonía, el senador colorado Andrés Ojeda saludó lo que definió como un «giro de 180 grados» respecto a la política de seguridad previa. Ojeda sostuvo que el camino correcto es «combatir al narco de frente» y consideró fundamental que el presidente de la República encabece este cambio de estrategia, al cual calificó como «radicalmente opuesto» a lo que se venía realizando.
Sin embargo, la medida no cuenta con un apoyo unánime fuera del gobierno. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, manifestó sus reparos respecto a la naturaleza del convenio. «El Ministerio de Defensa no puede hacerle de taxi al Ministerio del Interior», afirmó. Perrone expresó su preocupación por la falta de claridad en el marco jurídico bajo el cual actuarán los funcionarios militares en tareas de seguridad interna y cuestionó la efectividad de la medida, señalando que el intercambio de vehículos no garantiza por sí solo una mejora en la seguridad.
