Durante la conmemoración de los 200 años de la administración de justicia, el presidente de la República, Yamandú Orsi, llamó a cuidarla por ser un caso único en la región y de las primeras en el ámbito mundial. El mandatario consideró que la Justicia uruguaya representa nuestros valores como sociedad. Esta celebración coincide con el bicentenario del proceso de independencia y construcción institucional de la República Oriental del Uruguay.
“Hay una historia que es la génesis de la Justicia uruguaya que nos permite valorar lo que tenemos, que es una Justicia única en la región y de las primeras en el mundo”, destacó Orsi, luego de un acto realizado este lunes 19 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en Montevideo.
En una rueda de prensa, el mandatario explicó que su presencia obedecía a su respeto y valoración del Poder Judicial uruguayo. «Debemos cuidar la Justicia que tenemos», resaltó.
El presidente de la República, que fue recibido por la presidenta de la SCJ, Doris Morales, reconoció la necesidad de dotar de mayor presupuesto a ese poder del Estado. También recordó la propuesta del actual Gobierno de crear un Ministerio de Justicia. “Ahora la palabra la tienen los legisladores”, expresó.
Morales: Uruguay dispone del Poder Judicial más destacado de la región
Doris Morales, en tanto, resaltó como momento clave en la historia de la SCJ la creación del Centro de Estudios Judiciales, el 25 de diciembre de 1987, “considerado un faro tanto para quienes pretenden ingresar a la carrera judicial como para quienes pertenecen a ella”.
Con respecto a las potestades de la SCJ para elegir y promover jueces, destacó que se ha evolucionado de forma significativa hacia una mayor transparencia, al incorporar una comisión asesora que analiza varios ítems, como la opinión de los superiores procesales, el resultado de concursos, la realización de cursos obligatorios y otros aspectos que convergen en la apreciación de las condiciones de los jueces para ascender.
“A pesar de algunas dificultades, seguimos siendo el Poder Judicial con mayor destaque del continente (…), el único poder del Estado que garantiza el acceso a la Justicia a todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”, subrayó, acompañada por el ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Edgardo Ettlin.
Quirici: Dos siglos de continuidad judicial republicana
El director nacional de Educación y presidente de la Comisión del Bicentenario, Gabriel Quirici, valoró que el desarrollo de la justicia republicana en Uruguay no haya sido un factor de polémica histórica, más allá de algunas disputas políticas. “Mantener un Poder Judicial con sus características de autonomía con respecto a los otros poderes, a lo largo del tiempo y con estos estándares de calidad republicana, sin exagerar, es algo que tenemos que saludar y sostener”, dijo.
Como integrante del citado comité, mencionó que se consideró importante difundir la creación y la historia del sistema de justicia del país, porque nos identifica como uruguayos. “Tenemos dos siglos de continuidad judicial republicana”, remarcó.
En ese sentido, dijo que es importante apoyar y difundir de forma más enfática la historia de la Justicia en el país. Agregó que también se trabaja en el ordenamiento del archivo histórico para ofrecer el acceso a ese conocimiento a fin de ayudar a promover investigaciones o determinados trabajos.
Finalizadas las oratorias, el vicepresidente del Correo Uruguayo, José Luis Pereira, presentó un sello postal, conmemorativo de los 200 años de la administración de justicia, que mataselló el presidente Orsi.
Orígenes de la Justicia uruguaya
Mediante la resolución n.° 40/2026, del pasado 16 de abril, se declaró el 2026 Año del Bicentenario de la Administración de Justicia, en recuerdo de la histórica ley del 6 de octubre de 1826 que, en los albores de nuestra República y antes incluso de la Constitución de 1830, sentó las bases de la organización judicial uruguaya.
Aquella norma dispuso la supresión de los Cabildos y estableció una nueva estructura de tribunales y jueces. Asimismo, contempló la designación de un letrado encargado de la defensa de los pobres y los menores, antecedente histórico de la actual Defensa Pública, lo que refleja una temprana concepción de la justicia como servicio público integral, comprometido con la protección de los sectores más vulnerables y el acceso efectivo a los derechos.
