Desmantelamiento en políticas sociales (Por el Téc. Univ. Gustavo Chiriff / 1001- Frente Amplio)

El gobierno nacional esta en un plan de reducir costos y gastos del estado a través de recortes en las políticas sociales, un claro ejemplo lo tenemos en la disminución de programas del MIDES que afectan a un amplio sector de la población más vulnerable, quienes, en medio de una pandemia, ve que se le sacan o disminuyen los beneficios conquistados anteriormente.

Ahora los recortes van por el lado de los centros interdisciplinarios proveedores del BPS, que brindan asistencia socio-terapéutica-educativa a cerca de 15.000 beneficiarios del sistema, se trata de personas con discapacidades y de niños y jóvenes con alteraciones específicas del desarrollo neuropsicológico que comprometen sus posibilidades de integración en el sistema educativo formal.

A través del programa AYEX del BPS, los trabajadores formales acceden a tratamientos a sus hijos menores y de personas que perciben pensiones por discapacidad, en 130 centros distribuidos en todo el país. El BPS solicita ahora comprobante de asistencia a los centros, en medio del contexto de que aún no se salió de la pandemia, y que un amplio numero de los beneficiarios son personas de riesgo y por lo tanto deben recibir momentáneamente asistencia en forma virtual. Quienes no asistan en forma presencial a los tratamientos, dejaran de percibir esta ayuda independientemente de cual la causante de la inasistencia. Con este criterio, los beneficiarios que tengan que realizar cuarentena y aquellas personas con comorbilidades perderán sus ayudas técnicas.

Nuevamente este gobierno ajusta por el lado mas débil, quiere reducir los costos del estado a través de resentir las ayudas, en este caso a una población muy importante por su condición vulnerable, no solo por su patología, sino que también porque provienen de hogares de trabajadores, vulnerando el derecho en forma grave, el derecho de los niños y personas con discapacidad a recibir asistencia especializada que mejore su calidad de vida e integridad física, cognitiva y social.

La población uruguaya menos favorecida desde una perspectiva económica es la que más está sufriendo los embates de las políticas económicas neoliberales de este gobierno de coalición, el centro de preocupación de este gobierno no son los pobres, son los “ malla de Oro”, a los que hay que proteger aun a costa de recortes en políticas sociales.

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