El tan mencionado “sueño de la casa propia” en Uruguay enfrenta enormes brechas entre el aumento de la oferta inmobiliaria y los ingresos reales de la población. Hay factores que dificultan el acceso a una vivienda digna, que pasa por el ahorro previo, la propia capacidad de ahorro, el peso de una cuota hipotecaria en la economía familiar y las dificultades propias de un sistema que en términos reales no ha podido dar respuesta a la demanda de una gran mayoría de uruguayos. Si bien se ha avanzado en planes de realojos y viviendas en programas del MVOT, el déficit habitacional aun persiste, estimado en unas 70.000 unidades a nivel nacional.
Hay desafíos en la accesibilidad, pero también contradicciones como que Uruguay cuenta con aproximadamente 97.000 inmuebles vacíos o degradados, mientras unas 200.000 personas viven en asentamientos irregulares, nos damos el lujo de tener esa enorme cantidad de viviendas sin uso y miles necesitando. Ya se aprobó en el Senado y está en discusión en Diputados, un proyecto que busca agilizar la expropiación de inmuebles abandonados con deudas con el Estado, en una iniciativa que apunta a incorporar viviendas vacías al sistema público y atender el problema habitacional. Se busca reducir los plazos judiciales de expropiación, que hoy pueden durar años, concentrándolos en una única audiencia, aplicándose exclusivamente a inmuebles que tengan deudas con los Gobiernos Departamentales o el Poder Ejecutivo y que además comprometan la seguridad edilicia, salubridad o higiene pública. El valor de las deudas acumuladas se compensa con el valor del inmueble. Si el valor de la propiedad es mayor, el Estado abona la diferencia al propietario, donde el objetivo es que estos terrenos y fincas se incorporen a la cartera de tierras del Estado o intendencias para el desarrollo de planes de vivienda o programas de desarrollo urbano.
El departamento de Salto, cuenta con 52.629 viviendas, de las cuales 7.327 se encuentran desocupadas y representa un 13,9 % del total. Entre ellas, 1.942 viviendas son de uso temporal u ocasional y la mayoría se encuentran en zona rural. La cantidad de viviendas para alquiler o venta son 1.499, donde el mayor porcentaje está en la capital departamental. Pero también hay 1.382 viviendas catalogadas como vacantes en todo el departamento. De las 7.327 viviendas desocupadas, 1765 están definidas como abandonadas o vacantes sin interés o están destruidas o inhabitables. Es decir que Salto cuenta, si se aprueba esta ley, con una cartera de tierra y viviendas, que en coordinación entre el gobierno departamental y nacional, pueden resolver en parte el déficit de vivienda del departamento. Pero solo esto no alcanza, por eso este gobierno del Frente Amplio se propuso duplicar el presupuesto de vivienda, en el período pasado se invirtieron 350 millones de dólares en esas áreas y este período se invertirá 700 millones de dólares.
En términos más amplios, el objetivo de esta nueva ley, es recuperar inmuebles vacíos, degradados, abandonados que hoy generan inequidades en la trama urbana, y destinarlos a programas de vivienda o desarrollo urbano.
Al decir del senador Oscar Andrade: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”.
Téc. Univ. Gustavo Chiriff / PCU – Frente Amplio
